El pasado 18 de marzo, tuvimos una regresión a los tiempos de los cuarenta y cincuenta del siglo XX e incluso un poco después. Una época en que la legitimación de muchos de los decretos del Gobierno se daba mediante marchas. Para la mayoría de la Nación, esto es una historia poco conocida. En ese tiempo solamente el Gobierno y el partido gobernante, con sus sectores obrero, campesino y popular eran los únicos que tenían capacidad de poner en la calle un número importante de ciudadanos. La escasa oposición que había no tenía la capacidad de convocatoria necesaria y los demás partidos eran en realidad satélites del partido gobernante.
Después de un largo y tortuoso proceso de democratización del país, ahora ya se pueden tener grupos de ciudadanos y ciudadanas organizados, con la capacidad de poner en la calle números importantes de personas, como en las recientes marchas defendiendo al INE y protestando por la discriminación de las mujeres. Y, por supuesto, el partido en el Gobierno, quien conserva la metodología y los recursos para poder llevar a las calles a números importantes de manifestantes, reacciona tratando de demostrar que tienen mayor capacidad de movilización.
Lo cual nos lleva a una distorsión importante en la vida política del país. Parecería, y así lo están manejando la prensa y alguna parte de la oposición (es un decir) qué piensan que a la población realmente la van a convencer las comparaciones numéricas. Y tratan de demostrar o al menos dar la impresión, de que pueden poner en la calle a un número mayor de electores que el que mueve el Gobierno. Parecería que el asunto se reduce a un juego de números y al hecho de poder demostrar que el contrincante hace trampa en la contabilidad del personal que llevan a sus marchas.
No es que sea algo nuevo. Los partidos fascistas en la primera mitad del siglo XX, así como los partidos soviéticos que actuaron en más de dos tercios del mismo siglo, justificaban el derecho a gobernar mediante marchas multitudinarias. Como sigue ocurriendo en algunas de las izquierdas latinoamericanas, como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como las izquierdas menos consolidadas como en algunos momentos estuvieron las de Brasil, Argentina y Chile.
Sin tratar de justificar estas marchas, su existencia se daba porque, ante sistemas electorales con poca solidez y casi nula credibilidad, los resultados de las votaciones tenían un tanto de “política ficción”. Ante los robos de urnas, el voto de los difuntos, el acarreo de los grupos beneficiarios de los programas sociales y la amenaza de la cláusula de exclusión de los sindicatos, llevaban a la ciudadanía a ver con un profundo cinismo los resultados electorales. La mitología de los métodos como el ratón loco, el embarazo de urnas, el acarreo de empleados del Gobierno, los mapaches y otros elementos de la fauna electoral, hacían pensar al ciudadano que no tenía caso votar. Yo recuerdo un conocido mío que se lanzó como diputado federal en uno de los estados del norte del País y que citó a la prensa, a sus alumnos y a los escasos ciudadanos que le hicieron caso para un discurso de inicio de su campaña, el cual se dio en el panteón civil de la capital de su estado. Lo cual obviamente provocó muchas bromas de la ciudadanía. Y más aún cuando la prensa le preguntó al candidato: ¿por qué iniciaba su campaña en el cementerio? A lo cual él contestó que en un país dónde los muertos votan, se tenía que hablarle al electorado.
Esto empezó a cambiar por muchas razones, pero alguien que tuvo un influjo importante fue un ensayo muy bien elaborado por Enrique Krauze, quien pedía que en México tuviéramos una democracia sin adjetivos. Abundando en el tema decía que necesitábamos que los votos se contaran y se contaran bien, para darle credibilidad con la ciudadanía. Lo cual se logró en buena medida, sin llegar realmente a poder desechar del todo los antiguos vicios en los temas electorales.
Ese es el punto crucial. Perderemos mucho sí empezamos a sustituir el aburrido, pero extraordinariamente valioso método de tomar decisiones mediante el voto de la ciudadanía y sustituirlo por la métrica de las marchas. Al parecer en esto está cayendo también nuestra enclenque oposición. Las marchas sólo representan un porcentaje mínimo de la ciudadanía; aún en aquellas dónde se habla de millones de marchantes, ellos representan cuando mucho un 2 o 3% de los ciudadanos. Lo importante es seguirle dando solidez al tradicional método electoral y negarnos a aceptar qué las estimaciones más o menos amañadas del monto de los que marchan, substituyan a una contabilidad precisa y confiable del número de los que votan.
Que, por otro lado, no significa que no debiera haber marchas. Pero en la realidad estas sirven mayormente para convencer y enardecer a quienes ya forman parte de los diferentes grupos políticos. Y también para que aquellos que no forman parte de las facciones electoreras, puedan hacer oír su voz. Pero lo importante realmente es defender un sistema que, estando todavía distante de tener total credibilidad, es un modo mucho mejor de gobernar, que lograr poner en las calles a un número importante de personas.
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