En México, 12 millones de personas carecen de acceso a agua potable, situación que podría empeorar debido a que la última década las sequías en el territorio nacional se han intensificado y la sobreexplotación de los acuíferos se ha incrementado en 15 por ciento, revela un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Para evitar una crisis hídrica en los próximos años y décadas, urgen acciones en las que el primer eslabón es modernizar la legislación para adaptarla a la nueva realidad, donde se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica, enfatizó.
En este sentido, recordó que en febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992, lo que a la fecha, una década después, su aprobación aún está pendiente.
El instituto resaltó que desde septiembre de 2012 se han presentado 14 iniciativas para la nueva Ley General de Aguas, en este lapso diversos actores de la sociedad civil y de partidos políticos se han opuesto a las distintas iniciativas para la nueva Ley con el argumento de que su objetivo es, en el fondo, la privatización del recurso. Dada la dificultad para llegar a consensos, la discusión está estancada, explicó.
Desde 2021, la Comisión de Recursos Hídricos del poder legislativo ha buscado revivir el tema con la propuesta para crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica que cumpla los compromisos de inversión hídrica hacia 2030. Se trata de 600 mil millones de pesos necesarios para atender las anomalías de los recursos hídricos en el país. Aun así, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas.
La actual administración, así como distintas bancadas en el Congreso de la Unión, han reiterado que la discusión y eventual aprobación de la Ley es una prioridad para la actual legislatura, sin tomar pasos concretos para lograr ese objetivo.
El Imco subrayó que “el Día Mundial del Agua debe servir como un recordatorio de la urgente necesidad de modernizar la gestión del agua en México y hacer efectivo el derecho humano a su acceso”.
Algunas acciones necesarias, desde el ámbito de gestión pública de los recursos naturales, incluyen la evaluación y actualización de la delimitación de cuencas a nivel nacional, utilizando criterios geofísicos en lugar de geopolíticos, consideró el Imco.
También, abundó, la administración y el monitoreo efectivos de las concesiones es urgente en todos los sectores. Finalmente, las autoridades deben considerar el uso de tecnología de monitoreo en tiempo real para identificar las fugas de agua en los sistemas de tuberías.
“Un marco legal y regulatorio más moderno no resolverá por sí solo los retos de la gestión del agua, pero es una condición indispensable para encaminar al país hacia sistemas hídricos más eficientes que garanticen el acceso al agua para todos los mexicanos”.
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