La reforma para el Poder Judicial de la CDMX consistió en cambiar la obligación de publicar únicamente las sentencias de “interés público” a publicarlas todas, privilegiando el principio de máxima publicidad.
El Congreso de la Ciudad de México reformó diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para obligar el Poder Judicial local a publicar todas sus sentencias.
Dicha reforma fue propuesta y promovida por el colectivo #LoJustoEsQueSepas, integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Participando por México, ControlaTuGobierno, A.C. y Fundar.
Al respecto México Evalúa señaló que con esta reforma se eliminó la disposición según la cual el Poder Judicial local solamente estaba obligado a publicar las versiones públicas de las sentencias consideradas de interés público.
Consideraron que esta modificación constituye un gran avance en la lucha para que los poderes judiciales hagan públicas todas sus sentencias y se pueda transparentar y evaluar la forma en que se hace justicia en nuestro país. Precisaron que hasta ahora, ningún Poder Judicial local da a conocer a la ciudadanía todas sus sentencias, por lo que resulta imposible conocer la forma en que estos poderes cumplen con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluido el derecho de acceso a la información.
Asimismo, dicha opacidad judicial constituye un terreno fértil para actos de corrupción, nulifica la rendición de cuentas y ha obstaculizado la discusión pública y el debate en torno a cómo se interpretan y se da vigencia a los derechos de las personas.
En este sentido, el colectivo #LoJustoEsQueSepas consideró que la reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México es un precedente importante en términos de transparencia y debiera ser replicada por los demás Congresos locales, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
