El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional en contra de las reformas en materia electoral, en concreto a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contenidas en el llamado plan B.
El juicio promovido por el árbitro electoral se suma a los interpuestos en días pasados por los partidos de oposición PAN, PRI y PRD después de que desde el legislativo no pudieron frenar su aprobación al verse superados en número de votos por la mayoría del partido del gobierno –Morena- y sus aliados.
En la querella interpuesta, el INE denunció que se dieron diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.
Asimismo, imputó que el grupo parlamentario de Morena, que es el de mayor representación en la Cámara de Diputados, “en un evidente fraude a la ley”, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que esta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.
Por otra parte, señaló que las modificaciones aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2022, crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, su pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, destacó el instituto electoral.
En su recurso, la autoridad electoral considera que el citado decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda.
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