De concretarse el plan B de las leyes electorales, se dará “la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y poselectoral en la que será, en 2024, la elección más grande de nuestra historia, alertó Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Advirtió que de concretarse los cambios legales, se afectaría gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza, lo que durante tres décadas los mexicanos hemos construido colectivamente.
Bajo este panorama, apeló a la “responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país” de quienes tendrán que resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de las reformas del plan B a fin de que “detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia”.
Derivado de un exhaustivo análisis del llamado “plan B”, los consejeros delINE, por unanimidad, instruyeron al Secretario Ejecutivo de dicho instituto a interponer todos los recursos jurídicos y legales a su alcance para combatir esta reforma electoral, la cual, afirmaron, “afecta gravemente a la democracia del país”.
Después de recibir un informe sobre la incidencia de las recientes reformas electorales, los consejeros electorales señalaron que estas modificaciones impactarían negativamente tanto en la organización de las elecciones como en la estructura orgánica y funcionamiento del propio INEy en el ejercicio de derechos político-electorales.
Cabe señalar que las modificaciones legales ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, pero todavía no han sido discutidas ni votadas en el Senado, lo que se prevé en los primeros días de febrero.
En torno al rubro de la fiscalización, el consejero Jaime Rivera mencionó que entre una de las inconsistencias incluidas en las modificaciones legales, es que se propone que la violación de no entregar informes de ingresos y gastos de precampaña deje de ser sancionada de manera severa y establece una ampliación de los plazos en los cuales los partidos están obligados a reportar en el Sistema Integral de Fiscalización las operaciones de ingresos y gastos, lo que abre la oportunidad de simulaciones y ocultamientos de operaciones.
Con lo que respecta a la organización electoral, Carla Humphrey dio cuenta de las afectaciones que tendría la reestructura organizacional y la eliminación de áreas fundamentales, “al dejar inadvertida la especialización y el profesionalismo de cada una, sin analizar objetiva y exhaustivamente sus consecuencias”.
Expuso que las actividades de la Dirección de Organización y de la Dirección de Capacitación representan más del 40 por ciento del total de actividades institucionales que se desarrollan a lo largo del proceso electoral y al desaparecer las juntas distritales ejecutivas se prescindiría del personal de la rama administrativa que equivale al menos al 89 por ciento de estas direcciones; ello, aunado a la fusión de tres unidades responsables pondría en riesgo los estándares de calidad de los procesos electorales.
En tanto, Martín Faz consideró que los impactos de la reforma en materia de capacitación electoral son particularmente graves, “ya que modifican sensiblemente el esquema con que hemos operado la integración de las Mesas Directivas de Casilla, tanto en las actividades específicas como en la capacidad operativa de quienes las realizan y coordinan”.
Refirió que entre las principales afectaciones de la reforma en este rubro es la reducción del número de personas sorteadas o insaculadas, al pasar del 13 al 10 por ciento de cada sección electoral, lo que traerá como consecuencia “que en un importante número de secciones principalmente urbanas puedan llegar a no tener a la ciudadanía suficiente que cumpla con los requisitos para integrar las casillas”.
Por otra parte, Ciro Murayama aseguró que se afectaría la confiabilidad del padrón electoral toda vez que la reforma prevé echar a la calle a quienes coordinan el trabajo de los módulos, desde donde se actualizan el Padrón y la cartografía electoral.
“Afectar la actualización del Padrón es dañar de base el trabajo de planeación, organización y ejecución de las elecciones auténticas que México ya tiene, pero que se quieren dañar de forma irresponsable”.
Además, advirtió que las modificaciones legales establecen que los módulos del INE se muevan preferentemente a espacios como oficinas gubernamentales, donde no se tiene certeza que se resguarden los datos sensibles de la ciudadanía.
Otro de los riesgos del plan B revelado por Dania Ravel es la limitación del funcionamiento de los Organismos Públicos Locales al fusionar todas las áreas relevantes en dos mega-áreas: una de organización, capacitación electoral y educación cívica y otra de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos.
De esta manera, advirtió “que desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establezca la estructura de los órganos electorales autónomos, conlleva a la inaplicación de las leyes expedidas por los congresos locales en ejercicio de su soberanía y se desconocen las particularidades de cada una de las entidades que componen nuestro país”.
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