La forma en que ha actuado López Obrador nos recuerda que así como con el retorno del PRI se dijo que cuando despertamos al dinosaurio todavía está aquí, hoy podemos decir que: Y el autoritarismo continúa.
El primero de septiembre de 1982, en la etapa de transición de un gobierno a otro, el presidente José López Portillo estatizó (expropió) arbitrariamente la banca nacional, dejando a salvo al Banco Obrero, la banca mixta y la extranjera que operaba en México. Fue éste uno de los actos autoritarios que, desde mi punto de vista, inició el declive del PRI y la transición política real, no la emocional del 68, pues dio pie a una oposición empresarial que fue más allá de los banqueros y de sus intereses.
Por supuesto que López Portillo pudo decir que tenía el aval de los otros dos poderes y del pueblo, pues el atronador aplauso con que fue recibida la noticia por parte del Congreso General –al más puro estilo del priismo autoritario– podría interpretarse como del pueblo, pues los diputados y senadores supuestamente lo representaban. Pero no paró ahí la cosa, violando la más elemental de las normas judiciales que prohíben a los juzgadores emitir una opinión previa y fuera de los juicios en proceso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también acudieron a dar un espaldarazo al presidente saliente.
La decisión expropiatoria se mantuvo en el mayor de los secretos y el mismo día que se realizó, el Presidente convocó a un gabinete ampliado para que junto con él firmaran el decreto correspondiente. Sólo un funcionario se negó a convalidar ese acto autoritario: Adrián Lajous, director de Nacional Financiera. De inmediato también instruyó a las fuerzas armadas para que tomaran custodiaran los bancos impidiendo el acceso a sus directores y propietarios.
Los banqueros se ampararon ante esa arbitrariedad, pero conscientes de que en justicia y si los jueces fueran imparciales procedería el amparo, de inmediato el presidente mandó al Congreso una reforma legal que validara lo ya realizado. Por supuesto que se aprobó y con ella, la Suprema Corte sobreseyó el amparo y no entró en materia. Se aplicó la retroactividad supuestamente prohibida.
Hechos de la “Dictadura Perfecta”, en expresión de Mario Vargas Llosa, o del “estilo personal de gobernar”, descrito por Daniel Cosío Villegas. La estatización pudo ser en cualquier momento, pero López Portillo aprovechó ese especial vacío del que no se rinden cuentas entre la declaración del presidente electo y el último Informe de Gobierno. Miguel de la Madrid, sucesor, fue invitado de piedra al Informe y tuvo que avalar a su antecesor. El hecho tuvo continuidad, pues la reforma legal de López Portillo fue modificada por la misma legislatura, dando marcha parcial atrás a iniciativa de Miguel de la Madrid. Abyección pura y “mayoriteo” partidista.
Vino la transición y creíamos que esa era había terminado o iba en vías de extinción, pero no. La historia continúa. Pero si López Portillo aprovechó que todavía no se iba, Andrés López Obrador aprovecha que todavía no llega y simula una consulta para pasar sobre los derechos adquiridos por quienes desarrollan el NAIM o aeropuerto de Texcoco. La invalidez de este procedimiento ha sido claramente explicada por José Woldenberg, primer presidente del IFE. Nadie puede acusar a Woldenberg de derechista o poco profesional. Sin embargo, su trayectoria en el manejo de los procesos electorales y su conocimiento de la materia lo avalan.
La decisión de cancelar la construcción del aeropuerto ya estaba tomada y anunciada desde la campaña presidencial. Lo que hizo López Obrador para “tranquilizar” al sector empresarial, fue anunciar una consulta. Pero resulta que se hizo fuera de la ley, sin calidad profesional y con todo el sesgo posible, desde quien la aplicó: La Fundación Arturo Rosenblueth de Enrique Calderón Alzati, vinculado a la izquierda que representa López Obrador, debido a su vinculación original con Cuauhtémoc Cárdenas, para quien elaboró el documento Un México para Todos, que pretendía fuera el Plan de Gobierno si éste ganaba la elección. En esta ocasión, el presidente electo fue con sus adherentes de Morena y las asociaciones civiles que lo acompañan, pues como no es gobierno, se hubiera visto muy mal acompañado por los diputados y senadores de su partido, aunque no creo que esta vez la Suprema Corte hubiera llegado.
Puede ser que el NAIM no esté en el lugar correcto, como no lo está la Ciudad de México, pues desde el Virreinato se indicó que era un error repetir el asentamiento de los aztecas, como se demostró en sucesivas inundaciones. Los inconvenientes los señaló insistentemente José Luis Luege al presidente Enrique Peña Nieto desde que era director de CONAGUA, pero no se le hizo caso. Pero fue éste quien tomó la decisión de acuerdo con sus facultades y quien debe responder de los resultados. Sin embargo, la forma en que ha actuado López Obrador nos recuerda que así como con el retorno del PRI se dijo que cuando despertamos al dinosaurio todavía está aquí, hoy podemos decir que: Y el autoritarismo continúa.
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