En el proceso de designación de los responsables de los organismos autónomos del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben privilegiar las capacidades, trayectoria y prestigio público de las personas que se designen para integrarlos.
En los últimos años, varias instituciones del Estado mexicano se han transformado en órganos constitucionales o legalmente autónomos.
Estos órganos gozan de independencia técnica y de gestión, lo que supone que tengan garantizada su solvencia, sin depender de negociaciones políticas.
Dotar de autonomía constitucional o legal a algunas instituciones ha resultado claramente benéfico para el país.
Con ello, se ha garantizado que funciones clave a cargo del sector público, como la política monetaria, la estadística nacional, el servicio de educación superior o la organización de las elecciones, por citar algunos casos no sean influenciados por la coyuntura política, ni cooptados por grupos de interés.
El traslado de facultades que antes dependían en forma primordial del Poder Ejecutivo hacia entidades autónomas y especializadas, representa un claro avance en la democracia, que permite la consolidación del sistema de pesos y contrapesos y fortalece en base a equilibrios, la división de poderes.
Es importante reflexionar sobre los beneficios que ha implicado para el país la conformación de órganos constitucionales y legales autónomos, para el funcionamiento de las tareas del Estado.
La operación de estas entidades, por su particular estatuto legal, ha generado también algunos excesos y desviaciones, que han valido críticas de los expertos y de la población en general.
Beneficios de las autonomías
Recientemente el INEGI cumplió diez años de gozar de autonomía constitucional. Es un buen ejemplo de los beneficios de la evolución institucional.
La imparcialidad derivada de su autonomía ha permitido que el INEGI se consolidara como una de las instituciones más confiables del Estado mexicano. Hoy se tiene certeza de que la información estadística que produce, depende estrictamente de criterios técnicos y que nunca está subordinada a intereses políticos.
Si bien la autonomía de la mayoría de los órganos constitucionales se ha consolidado en las últimas décadas, su historia no se limita sólo al pasado reciente. El ejemplo más emblemático es la autonomía de la UNAM.
Desde la década de los años veinte del siglo pasado, existió la preocupación de tener una institución de educación superior autónoma, para garantizar la libertad de cátedra y que el apego científico y humanista fuera el marco de sus planes de estudio.
Con la autonomía universitaria no solamente se protegió la labor de los docentes y la enseñanza de los estudiantes, sino también se benefició a la sociedad a través de la generación de investigación y la transmisión libre e independiente del conocimiento.
El caso de la UNAM fue base para que la gran mayoría de las universidades estatales cuenten, hoy en día, con un estatuto similar.
Otro órgano cuya autonomía ha sido fundamental para el país es el Banco de México. En los años setenta se puso en evidencia, el riesgo de que el Poder Ejecutivo interviniera en la política monetaria. Con la emisión de una nueva Ley Orgánica, en las décadas iniciadas entre 1980 y 1990, el mandato primario del banco central quedó claramente instituido (“procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”), lo cual permitió imponer límites al crédito que la institución central podía prestar al gobierno federal y desde luego puso freno también a la expansión monetaria.
Desde entonces, el país ha gozado de una política monetaria responsable, mayor control de la inflación y un mejor desempeño en entornos críticos, tales como la recesión del 2008.
Finalmente, cabe destacar los beneficios de la autonomía en el ámbito electoral, cuyo instituto opera desde 1996.
El esquema planteado por la reforma ese año fue determinante para que se construyese el sistema electoral que sentó las bases de certeza, especialidad e imparcialidad en la función electoral, que permitieron paulatinamente la alternancia.
A tres décadas de distancia, la autonomía del INE ha dado al Estado mexicano la posibilidad de contar con elecciones confiables y creíbles, organizadas profesionalmente.
Las autonomías constitucionales y legales se han logrado también en materias especializadas como las que son propias del mandato del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que atienden y regulan temas críticos para el desarrollo del país.
Lo mismo ocurre con instituciones cuya autonomía es esencial para el desempeño de sus funciones, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Retos de las autonomías
La autonomía de una institución, se ve fortalecida o disminuida, a partir de la idoneidad de las personas que las encabezan y de la existencia de un servicio profesional de carrera en las mismas.
Por ello es fundamental, que en los procesos de designación de sus titulares, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, privilegien las capacidades, trayectoria y prestigio público de las personas que se designen para integrar sus órganos de gobierno.
Los partidos políticos y sus grupos parlamentarios en el Congreso están llamados a evitar que se mantengan las prácticas de reparto de cuotas en las designaciones que se llevan a cabo, y que pretenden generar sumisiones permanentes de las personas que se eligen, a partir de su apoyo en los procesos de nombramiento o ratificación.
En complemento a ello, debe fortalecerse el servicio de carrera, garantizando el desarrollo de capacidades, estabilidad y adecuada remuneración de los funcionarios que pertenecen al mismo.
El carácter apartidista de las nominaciones, debe estar acompañado, de la erradicación de la práctica consistente en que los integrantes de dichos órganos, sean postulados por los partidos políticos a puestos de elección popular u otras tareas de gobierno, con dependencia directa del Poder Ejecutivo, sin haber concluido su encargo o en forma inmediata posterior a ello, para ocupar candidaturas a puestos de elección popular.
Las instituciones autónomas están llamadas a constituirse en baluartes de la eficiencia, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
Muchas de las críticas y escepticismos ligados a la operación de las entidades autónomas están ligadas a los casos recurrentes de falta de productividad, dispendios, opacidad y ausencia de mecanismos de rendición de cuentas que en algunos momentos se han observado en la actuación de algunas de estas entidades.
El estatuto jurídico particular de las instituciones autónomas y sus titulares, en ningún caso debe ser reducto de conductas contrarias al eficaz cumplimiento del mandato de dichas entidades.
El Estado mexicano tiene el reto de instituir como instituciones autónomas, aquellas dependencias o entidades, donde la evidencia ha demostrado, a lo largo de los años, que la dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo han sido inhibidores del cumplimiento de sus fines.
También está el desafío de identificar aquellas tareas que por su relevancia para el Estado, y las bondades manifiestas de la autonomía, deberían de gozar de autonomía constitucional o legal.
Sin duda, la Fiscalía General de la República representa uno de los casos que por la gravedad de su mandato, y la degradación de la institución que hoy tiene a su cargo la procuración de justicia, debería de ser instituido como una institución autónoma.
En materia financiera, la conformación de un Consejo Fiscal Independiente, dotado de autonomía legal, puede generar certidumbre en funciones asociadas al equilibrio presupuestario, la pertinencia del gasto público, el endeudamiento del gobierno y la construcción de las grandes obras de infraestructura en el país.
De forma similar, una entidad que tenga a su cargo la conducción de la política de Estado en materia de remuneraciones, debería de sustituir con un mandato ampliado y autonomía legal, las tareas hoy encomendadas a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
En las últimas décadas, hemos dado enormes pasos hacia el fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos, que es un pilar del régimen democrático y la división de poderes, al dotar a más instituciones de una autonomía constitucional y legal.
En Coparmex confiamos en que, durante el próximo sexenio, se fortalecerá la autonomía de las instituciones dotadas de esta calidad, y esperamos se tenga especial cuidado, en la pertinencia de las designaciones que se realicen de los titulares de las mismas.
Hacemos un llamado para que con la debida valoración, se transite a la autonomía institucional en aquellas entidades y funciones, que la evidencia internacional o doméstica claramente la recomienda.
Fortalecer la democracia, a través del diseño, evaluación y fortalecimiento de las instituciones autónomas, para que cumplan eficazmente su mandato, es una responsabilidad compartida de gobierno, de los partidos y de la sociedad.
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