Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) externaron su preocupación por la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales, contenidas en el llamado plan B, tanto por su contenido como por el desarrollo del proceso legislativo y advirtieron que recurrirán a todas las instancias y vías jurídicas para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del organismo electoral, así como para seguir garantizando elecciones libres y auténticas en el país.
Al mismo tiempo, hicieron un llamado a los legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos, poniendo a su disposición toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones. En este sentido, recordaron que “a pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al instituto no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”.
En conferencia de prensa, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, leyó un pronunciamiento a nombre de todos los consejeros del organismo electoral en el que aseguraron que “la democracia vive momentos cruciales”, pues con la reforma del marco legal electoral en ciernes, podría trastocarse profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, el cual hoy garantiza elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática.
Asimismo, los consejeros advirtieron que la propuesta de reforma electoral impulsada por el jefe del Ejecutivo contiene deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales.
A este respecto, mencionaron que el INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito, las cuales desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que lleva a cabo el organismo.
Por otra parte, destaca que eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6 por ciento de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera.
“Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía”, destacaron.
En cuanto a lo planteado por la reforma en torno a la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como la selección de los funcionarios de las mesas directivas de casillas que reciben y cuentan los votos de sus vecinos, alertaron que “esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas”, abundaron.
En otro aspecto el pronunciamiento hace referencia de que la Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
En lo referente a los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) el pronunciamiento asegura que estos llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente, por lo que despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales.
Añade que por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna.
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