La extorsión afecta significativamente a diversos sectores de la economía, a pesar de ello las autoridades minimizan el problema argumentando de que no hay denuncias por parte de la población, con ello ponen toda la carga del inicio de investigaciones en las víctimas, indicó Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
De esta manera, abundó, no solo ignoran las secuelas de este delito, sino que renuncian a la generación de inteligencia para su inhibición.
Al presentar la primera parte de la investigación: “La extorsión bajo el caleidoscopio: muchas modalidades y pocas políticas públicas”, Rivas Rodríguez aseguró que la cifra negra por este delito es de las más altas tanto en el caso de hogares como de unidades económicas.
Por otra parte, señaló que la extorsión no es prioridad para el personal de seguridad pública local y federal, como lo muestra el que las policías locales pusieron a disposición a 481 presuntos delincuentes mientras que la Guardia Nacional solo lo hizo con cinco.
Entre los hallazgos de este estudio se destaca que el marco jurídico en torno a la extorsión, ignora las distintas afectaciones a la víctima directa y a la comunidad al simplificarlo como un mero delito patrimonial.
El análisis muestra que la extorsión, en sus múltiples manifestaciones, ha rebasado a las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo por la dimensión del problema, sino por los rasgos que ha adquirido, Además de que el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) es marginal en la investigación y procuración de justicia en casos de este tipo de delitos.
El estudio del ONC recogió testimonios de personas que sufrieron algún tipo de extorsión, por lo que pudo establecer que las relaciones entre víctimas y victimarios tienden a ser asimétricas, parasitarias, basadas en la dominación psicológica y con un carácter fatalista para la víctima.
Además, se detectó que las extorsiones van más allá del ámbito comercial. Por ejemplo, en el ámbito profesional, en el sistema de justicia penal, en los conflictos familiares, o en la propiedad intelectual también son frecuentes, por lo que ignorar estas extorsiones invisibiliza a las víctimas, sesga las políticas públicas y normaliza este delito.
Por otro lado, destaca que los guiones criminales de algunos tipos de extorsión se basan en los vacíos legales y complejidad regulatoria de sectores económicos específicos, así como de algunas debilidades operativas de agentes financieros.
Uno de los puntos que resalta el estudio es que los daños materiales e inmateriales ocasionados por la extorsión impactan la seguridad humana de las víctimas, directamente sobre las dimensiones personal, de salud, económica, política y comunitaria.
Francisco Rivas indicó que es necesario identificar tipologías útiles para contar con más y mejores políticas públicas para atender la extorsión, para ello es fundamental documentar y sistematizar la información de lo que cada uno de nosotros ha experimentado con este delito.
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