Probablemente Usted esté de acuerdo conmigo en que, por regla general, los gobiernos y los partidos políticos son bastante alérgicos a la posibilidad de la ciudadanización. Para ellos, muchas veces, el papel del ciudadano es meramente el de ratificar en las urnas las propuestas de los políticos, pero nada más. Cuando los ciudadanos se organizan y tratan de actuar ante funciones que se les han asignado a los gobiernos, su reacción suele ser bastante negativa. Y no importa cuál sea la tendencia ideológica de las facciones políticas en el poder.
El tema de la ciudadanización de las elecciones federales, estatales y locales estuvo en el fondo de las marchas el pasado 13 de noviembre. Pero claramente no es un caso único. Recientemente me ha tocado presenciar varios conversatorios sobre un tema que actualmente no está en la agenda pública: la ciudadanización del servicio de agua para uso humano. Pero ese no es más que un ejemplo: con cierta facilidad se podrían presentar casos similares.
En ese asunto, prácticamente en todas las ciudades, pueblos y comunidades del país, el servicio de proporcionar agua suficiente y con la adecuada calidad sanitaria está en manos del gobierno en sus distintos niveles. Además de que está considerado como un derecho humano fundamental en nuestra Constitución. También es un hecho que esos gobiernos han fracasado estrepitosamente: es extraordinariamente difícil encontrar ciudades donde no haya escasez de agua y que tenga una calidad tal que pueda ser consumida directamente tomándola de la red pública. Generalmente hay zonas en la mayoría de las ciudades donde se tiene que repartir el agua mediante pipas y que, para poder tener agua con la calidad sanitaria necesaria, hay que adquirir garrafones o comprarla embotellada.
En ese conversatorio se estaban contando las vicisitudes que sufre la población en una ciudad mediana en el sur del país, comentando entre otras cosas los esfuerzos de un grupo ciudadano que, en una colonia, han estado tratando de exigir al gobierno que rinda cuentas a la ciudadanía sobre el modo como cumple este derecho humano. La reacción de ese gobierno ha ido desde ignorar al grupo de ciudadanos, hasta el intento de privar de la libertad a los dirigentes del grupo, a quiénes en algún momento, empresarios que se están beneficiando con la situación de la escasez del agua, trataron de cooptarlos sin éxito.
Un argumento para no cumplirle a la ciudadanía es que no hay presupuesto. Por otro lado, nadie está considerando el costo humano en términos de salud, de tiempo productivo desperdiciado en el acarreo del agua y el costo directo de pagar a quienes la entregan en pipas, garrafones, agua y refrescos embotellados. Un costo que muy probablemente, sobre todo pensando en el largo plazo, sobrepasa por mucho el costo de las inversiones que requeriría poner remedio a esta situación. Y esto es lo que ocurre en una ciudad mediana, con un nivel de cultura superior al promedio del país, además de tener una tradición de organizarse para exigir a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones. Esta situación, evidentemente, es mucho peor en las comunidades rurales muy pequeñas.
Buena parte del tema viene de considerar que el ciudadano no tiene derecho de exigir a los gobiernos que cumplan sus obligaciones. Más aún: quitando las definiciones legales, muchas veces ni siquiera se tiene muy claro quién verdaderamente se le debe considerar ciudadano y quién no. En muchas ocasiones los gobiernos consideran a estos esfuerzos por ciudadanizar actividades que deberían llevar a cabo el sector público, como intentos de privatización. Palabra que es tabú para la mayoría de las administraciones de izquierda. Para ellos, es mucho mejor hablar de actividades sociales, que muchas veces son llevadas a cabo por grupos políticos, asociaciones sindicales y otros similares. Otra manera de denominar a algunas iniciativas para que sean aceptables para los gobiernos es calificarlas de populares. Lo cual muchas veces significa que sólo los grupos con tendencia izquierdista se les pueden llamar legítimamente -dicen ellos- populares. El ciudadano que no pertenezca a ese tipo de asociaciones o que no siga esa tendencia política, no se le considera parte del pueblo. Aunque sea de escasos recursos. Y, por supuesto, serán sujetos a toda clase de insultos para tratar de desacreditarlos. Como los epítetos de fifís, clasistas, conservadores o similares que se usan en nuestro medio. O el de gusanos, que aplicaba Fidel Castro a todos aquellos qué opinan diferente de su partido.
Claramente, también hay maneras aparentemente legales de limitar a capas importantes de la población quitándoles el derecho a ser considerados ciudadanos. Como ocurría en la Grecia antigua y en Roma, donde los esclavos y las mujeres no eran considerados ciudadanos. Como ocurrió a los negros en los Estados Unidos hasta el siglo XIX y en Sudáfrica hasta el siglo XX, y como sigue ocurriendo en la práctica en muchos países donde se limitan sus derechos ciudadanos a las mujeres. O en algunos países donde se les niega el derecho al voto a quienes no tienen capacidad de leer y escribir o no pagan impuestos. El caso extremo era en la URSS o como ocurre en Cuba, donde solo los miembros del Partido Comunista tienen derecho al voto. También hay maneras de limitar a los ciudadanos que a veces no están en las leyes, pero más frecuentemente están en las costumbres. Como ocurre con las etnias indígenas.
Hoy el gran tema es el Instituto Nacional Electoral, (INE). Dentro de la propuesta de esta administración puede haber cosas debatibles, pero el fondo es quitar el carácter ciudadano a este Instituto, asignándole sus funciones a los gobiernos en los distintos niveles, cómo lo tuvimos por muchas décadas en el siglo XIX, y la mayoría del tiempo en el siglo XX. Pero es importante encontrar en qué otras áreas los gobiernos han asumido indebidamente papeles que deberían ser asignados a los ciudadanos. Lo cual no es simple: el gran problema es lograr que la ciudadanía esté dispuesta a asumir nuevos papeles, nuevas responsabilidades.
Y, por supuesto, los gobiernos se defenderán con uñas y dientes para evitar que se les quiten las actividades que les permiten lucirse como benefactores de la población y que, a la vez, les reduzcan las palancas que les sirven para presionar a la ciudadanía.
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