En este sexenio, si algo ha caracterizado la aprobación del Paquete Económico (compuesto por varios instrumentos, entre ellos, la Ley de Ingresos y la Ley de Egresos) ha sido la aprobación sin “moverle una coma”, pues Morena y aliados han mantenido la mayoría necesaria para aprobarlo. Sin embargo, este año está siendo la excepción, y las alteraciones sólo pueden ser interpretadas bajo una lógica electoral.
La Ley de Egresos, es decir, en qué gastará el gobierno sólo es aprobada por la Cámara de Diputados. Esa aprobación tenía un mayor peso en el pasado porque no se podían mover los recursos asignados con facilidad una vez aprobado, sin embargo, esa misma mayoría en este sexenio se han aprobado leyes secundarias inéditas que dan una gran discrecionalidad al Ejecutivo que puede reasignar recursos a su antojo.
El trámite legislativo a diferencia de los presupuestos anteriores sí incluye modificaciones mínimas, pero significativas, unas cuantas comas quizá pero unas muy sintomáticas. De todos los rubros, se ha decidido poner atención a uno que representa el 0.7% del presupuesto: el de los órganos autónomos. Sí, el 0.7% que se reparte entre instituciones como el Inegi, la Fiscalía General de la República, la CNDH y, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral. El detalle de los gastos originales y de los recortes propuestos, así como el destino final de los recursos nos da un panorama muy claro de las intenciones del Ejecutivo y la completa disponibilidad de sus legisladores para llevarlas a cabo.
En la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda de la Ley de Egresos, el Inegi ya perdía el 14% de su presupuesto respecto al año anterior, lo cual claramente refleja el escaso interés en las mediciones, pues a cuatro años de gobierno ya apuntarán a las verdaderas omisiones e ineficiencias de la actual administración; la política del avestruz se impondrá en las cifras. La CNDH y la Fiscalía General de la República tenían un aumento de 1% y 2% respectivamente, lo cual, más allá de que los titulares de ambas instituciones son polémicos —una por ser una piedra que nomás mueven a donde la necesita y el otro por anteponer su agenda vengativa personal a cualquier otra cosa—, es claro que no hay interés en invertir ni la protección de los derechos humanos y muchos en la impartición de justicia, pues esos porcentajes son aumento nulos porque están muy por debajo del porcentaje de la inflación.
El caso del Instituto Nacional Electoral es necesario revisarlo con detalle. En el proyecto inicial de la Ley, el Instituto Federal Electoral recibía un aumento del 24% respecto a lo otorgado en 2022 (20,370.1 millones de pesos), es decir, se le había asignado para 2023 un monto total de 24,696.9 millones de pesos. Pero, los diputados han decidido reasignar 6,437 millones (de ese 0.7% de presupuesto) y quitarle al INE 4,475 millones, para dejarle un presupuesto de 20,221 millones de pesos, es decir, queda por debajo de lo que se le asignó en 2022 y en términos reales sería menos por el factor inflacionario.
Resulta, asimismo, revelador el destino de esos recortes al INE y a otros órganos autónomos. Pues esos millones reasignados van a la Secretaría de Gobernación cuyo titular está en intensa campaña preelectoral y también se van a algunas entidades no sectoriales que sí venían “castigadas” en la propuesta original.
Pero la gran ganadora es la Secretaría de Bienestar, la cual ya era de las favorecidas desde el inicio pues su presupuesto crecía en 32% respecto a 2022, y se colocaba sólo detrás en monto total asignado detrás de la Secretaría de Educación Pública, ahora es la Secretaría que manejará más dinero de todas.
Es de notar que la SEP incluye la nómina de profesores, y esa es la razón por la cual suele ocupar los primeros lugares en gasto por rubro. En ese sentido, hay que dimensionar que ese enorme gasto se irá en un porcentaje muy importante a las becas para adultos mayores, y luego a todos los demás apoyos que se dan. Entre las muchas aristas negativas que este gasto tiene es que es dinero que se diluye, no es inversión pública, pues no crea que beneficia a la población en general ni tampoco es generadora de empleos. En otras palabras, ese dinero busca ser generador de votos, no de bienestar real y duradero.
No sería de extrañar que una de las consecuencias de las movilizaciones del domingo 13 de noviembre sea que el recorte al INE sea todavía mayor, lo cual, sin duda, nos deja a los ciudadanos convencidos de la importancia de la defensa de la democracia frente a una paradoja perversa: si tenemos éxito y el costo político de atentar contra el INE se eleva, se puede optar por bajarle todavía más el presupuesto para boicotear su operatividad, entre otras medidas.
Este posible escenario, sin embargo, no debe amedrentarnos, al contrario, debe motivarnos todavía más no sólo a participar en las movilizaciones de manera multitudinaria, sino saber que este es sólo el primer paso en la defensa de nuestra democracia. Será necesario, además, intensificar el marcaje a todos los legisladores sin importar el partido: para los de Morena y aliados para que valoren de cerca el tamaño de la resistencia a alterar las reglas electoras y para los de oposición para entender que apostar por la ciudadanía y proteger la democracia les traerá más frutos que traicionar a sus electores.
De igual manera, los ciudadanos debemos empezar a configurar qué funciones del INE, como la capacitación a observadores electorales que son un factor de certeza desde hace más de 30 años, se pueden ver sacrificadas por la escasez de fondos ante la “movida de comas” de parte del legislativo en este y el siguiente presupuesto, tendremos que asumirlas con creatividad, entusiasmo y con la convicción irreductible de que las elecciones son una cuestión ciudadana primero y política después.
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