El Ejército siempre ha estado presente en la vida pública de México. Como ya señalé anteriormente, su actuación está llena de luces y sombras. Se supone que las principales acciones que lo distinguen y que marcan su paso por la historia, son guiadas, ordenadas o permitidas por quien es su cabeza: el Presidente de la República. Sin embargo, también hay acciones que son responsabilidad propia de los militares que las ordenan o las ejecutan. Sin embargo, su lugar había sido reservado a un campo específico, hasta que el actual gobierno no sólo le ha encargado acciones para resguardar el orden, sino que le ha asignado actividades propias de los civiles.
En los últimos días el Ejército ha sido puesto en la mira de la opinión pública y se ha convertido en tema de debate, no tanto por sí mismo, sino por el papel que quiere que desempeñe el presidente de la República y que ha generado crecientes temores de que se esté militarizando al país, no tan discretamente.
La asignación de papel de constructor, de agente de logística, aduanero, operador de aeropuertos, del Tren Maya y, ahora, de una futura línea aérea, han sacado a la calle a los militares. Ellos, a fin de cuentas, obedecen órdenes, de acuerdo a como son formados, aunque ello signifique violar las disposiciones que los rigen y asumir acciones de la Administración Pública que son propias de los civiles. Por eso se ha abierto un debate que no es tanto contra el Ejército, sino quien está dando órdenes que violentan la naturaleza del mismo, y que lo ponen en la línea de la ilegalidad y lo hacen cómplice de acciones que hoy son sustraídas de la observación pública, pues se opera en la opacidad en acciones que deberían ser transparentes y accesibles de acuerdo con el derecho a la información, pero que se ocultan como secretos de seguridad nacional.
Asumir la Guardia Nacional ha sido obligado, casi desde el principio, por la forma como se ha constituido desde un inicio, con improvisación y sin una planeación adecuada que le permitiera ser un cuerpo policial civil. Sin embargo, se guardaron ciertas formas que pretendían simular lo que no era realidad. Por eso se decidió, finalmente, terminar la simulación con una reforma legal que viola la Constitución, y de la cual es consciente el presidente, pero que recurrió a ella temeroso de no alcanzar los votos necesarios para reformar la Constitución misma.
Sin embargo, a posteriori de la reforma legal que llevó la Guardia Nacional a ser parte del Ejército, una iniciativa generada en el PRI e impulsada por el propio Presidente, sí logró los votos que prolongarán la presencia de los militares en las calles, no como Guardia Nacional, sino como Ejército y Marina, más allá de lo originalmente previsto.
El origen de la iniciativa desde las filas del tricolor ya fue extraño. Se trató, sin duda, de una maniobra para que pareciera que no era Morena ni el presidente el promotor de la misma. Sin embargo, como fue avanzando el proceso de discusión y se vio que algunos legisladores inicialmente de oposición, emigraban para favorecer una reforma que no solo fue aplaudida sino impulsada por el Presidente y su equipo, así como adoptada como propia por Morena y sus aliados. Poco a poco se fueron doblando legisladores, en particular senadores, que se habían manifestado en contra de la militarización que se impulsa desde la Presidencia. La cooptación de esos votos fue producto de la sospecha inicial de que sería rechazada la iniciativa.
Lejos de permanecer ocultas las maniobras del poder para hacer que algunos legisladores emigraran y abandonaran sus anteriores posiciones, las presiones que sufrieron algunos de ellos, empezando por el Presidente del PRI, fueron evidentes y públicas, lo cual mostró que la alianza opositora hacia el 2021 no es tan sólida como se esperaba, sino que tiene huecos y debilidades, por lo que el hilo o lo que se pensaba era una cadena, se rompe por lo más débil, y muchos eslabones débiles se han manifestado.
Por ello el papel del Ejército se está volviendo una piedra de toque que nos permite calibrar el valor preciso de lo que está ocurriendo en la vida pública de México, tanto en las acciones del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
El Ejército, será medido, además de aquellos aspectos en que actúa fuera de la ley al actuar en ámbitos que no le son expresamente asignados como de su responsabilidad, recibirá el reconocimiento o el fracaso de aquellas acciones en que ha sido comprometida su actuación y que se augura podrían ser un fracaso de ellos y de la actual administración gubernamental. Podrían ser elevados y compartir victorias, o ser arrastrados hacia abismos de desprestigio.
Por su parte, los legisladores serán medidos y ya han sido juzgados, en razón de la forma como se han comportado en el tema de las reformas legales y el rompimiento de los compromisos contraídos como fuerza de contención. Lo menos que han hecho es el ridículo y con ello han arrastrado a sus partidos al ámbito de la desconfianza y de la deslealtad. La gran pregunta es, ¿vale caminar con ellos en el futuro, sin necesidad de ir cuidándose las espaldas?
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