A pesar de que México no se ubica entre los primeros lugares en la lista de países con mayor impunidad del mundo, sí presenta un índice alto de 49.57 puntos (al compararlo con Eslovenia que tiene el menor índice con 20.26 puntos y Tailandia que presenta el porcentaje más elevado de 62.82 puntos), por lo que es necesario poner atención en los problemas estructurales y el funcionamiento de las instituciones de seguridad, justicia y derechos humanos que es donde reside el mayor problema de impunidad en el país, destaca el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2022.
El estudio elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), y presentado en el Senado este martes, destaca como uno de los principales hallazgos que el Estado de México se mantiene como la entidad con el más alto índice de impunidad desde 2016 y hasta 2022, con 74.55 puntos.
De acuerdo al IGI-MEX 2022, Baja California Sur y Campeche son los únicos dos estados que presentan niveles de impunidad media-baja, en contraparte los tres estados con más altos niveles de impunidad resultaron ser el Estado de México, Baja California y Veracruz; mientras que donde se encontró que había impunidad alta son Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos y Nuevo León.
En otro aspecto, el reporte advierte que México tiene cuatro veces menos jueces (4.36) que el promedio a nivel mundial (17.83) (cifra de 2020 por cada cien mil habitantes).
“El país se encuentra en esta situación porque las entidades federativas carecen de las capacidades institucionales que permiten establecer políticas de seguridad y el acceso a la justicia”, reveló el IGI-MEX 2022.
Por otro lado, señala que el homicidio sigue sin castigarse en el país, pues a pesar de que se incrementó 39.41 por ciento las averiguaciones previas iniciadas por homicidio con respecto a 2018 cuando fueron de 17.08 por ciento, la cifra sigue siendo baja.
Añade que los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal aún prevalecen porque las entidades no tienen instituciones especializadas de investigación expertas, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio.
En torno a la cifra negra y la tasa de violencia menciona que se mantienen en niveles muy altos, ya que el porcentaje de la cifra negra sólo logró disminuir 1.82 por ciento como promedio a nivel nacional.
Las entidades con niveles más altos en este ámbito son Guerrero (96.10), Oaxaca (95.20) y Michoacán (95.00). Sin embargo, el estado con la cifra más baja es Colima (84.50) y todavía cuenta con un porcentaje alto considerando las cifras de las otras entidades. “Lo anterior confirma que los mexicanos aún no tienen confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas”, destaca el estudio.
Con lo que respecta a los ministerios públicos estatales, el análisis asegura que siguen sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país, lo que se sustenta en los indicadores de la dimensión estructural del sistema de seguridad, donde el número de agencias del Ministerio Público para la atención de delitos por cada cien mil habitantes cayó de 3.53 a 2.24 en la medición 2022.
De igual forma, resalta que el número de agentes ministeriales por cada mil delitos registrados cayó respecto al índice 2018, que tuvo una cifra, de nueve y pasó a 8.58.
Las tres entidades con el menor número de agencias del Ministerio Público por cada cien mil habitantes son: 1) Ciudad de México (0.18), 2) Michoacán (0.27), 3) y Estado de México.
Escasean policías
El IGI-MEX 2022 señala que en el país hay un déficit de estado de fuerza de policías operativos estatales de aproximadamente 42 por ciento, lo que significa que México tiene poco más de la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener, pues apenas hay 0.9 policías por cada mil habitantes, cuando debería haber 1.8 policías evaluados por cada mil habitantes, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Detalla que de acuerdo a las cifras del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021, salvo la Ciudad de México que cuenta con 3.5 policías por cada mil habitantes, todos los estados de la República se encuentran por debajo del estándar nacional de policías estatales con resultado aprobatorio de la evaluación de control de confianza. El estado real de fuerza operativo es de 130 mil 500 policías estatales. “México necesita un estado de fuerza real operativo de policías estatales de, al menos, 245 mil 944 elementos”, resalta.
Alta impunidad, reconocen senadores
En la presentación del Índice Global de Impunidad México 2022, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria aseguró que de acuerdo a los resultados del mismo, es posible señalar que en México persisten los altos niveles de impunidad, lo que representa uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia un Estado democrático.
Destacó que el informe es una radiografía estructural del problema de la impunidad en el país: “hoy parece que en el debate público, toda la discusión, está impulsada desde Palacio Nacional y centrada en las actuaciones desde el Poder Federal, pero también en las actuaciones estatales, donde el debate público pasa desapercibido, pese a que ahí tienen verificativo la mayor parte de los delitos del fuero común”.
El senador consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) “vive uno de sus peores momentos de mediocridad, pues está secuestrada por un personaje que está decidido a hacer los asuntos de justicia su agenda personal y nos ha frustrado el proceso de transición institucional, cuando esperábamos con mucha intensidad que ese proceso abriera una nueva etapa”.
Álvarez Icaza confió que para este miércoles sí asistan al Senado los titulares del Gabinete de Seguridad: Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad y Protección Ciudadana; Luis Cresencio Sandoval, titular de Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, de Marina; y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; porque “dijeron que la Cámara de Diputados no es la instancia para rendir cuentas”.
Por su parte, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, señaló que desafortunadamente se observa una realidad donde aumenta más la violencia, la impartición de justicia no existe y hay una autoridad que no reconoce el problema.
“Mientras el presupuesto no esté destinado a corregir el tema del Poder Judicial será muy difícil que terminemos con los delitos. Y ahora con la militarización del país, pues se desconoce la estrategia que van a seguir; si va a cambiar o va a seguir igual, no sabemos. Por eso estos ejercicios son importantes para ilustrar realidades que padecemos”, comentó.
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