La aprobación de la reforma constitucional en el Senado de la República para ampliar el plazo de mantener a las Fuerzas Armadas “realizando” labores de seguridad pública, desnudó ante el país lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama “el cambio de régimen”, aunque también mostró ante la opinión pública cómo están integrados los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, los intereses a los que responden, sus miedos, deudas políticas, e incluso afinidades; nos dio también la oportunidad de conocer un poco más sobre la posición que han asumido el poder ejecutivo y el poder judicial en el México actual.
La votación que se dio el 4 de octubre fue la consecuencia de meses de intensos debates que se centraron especialmente en el tema de la seguridad pública, pues las cifras de homicidios dolosos, feminicidios, desaparecidos y diversos delitos, así como eventos de violencia generados en distintos estados del país se han potencializado. Aunque el proceso aún no concluye porque la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, no tenemos duda de cuál será el desenlace y veremos pronto la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, el tema de fondo está recién saliendo a la luz (aunque muchos actores ya lo habíamos advertido): la intención del presidente con esta propuesta, es reafirmar ante los mexicanos que, para él y su gobierno, no hay otra intención más que la de mantener el control político y social de nuestro país, lograr que su grupo político se mantenga en el poder y concentrar la mayor riqueza económica posible en él, sus familiares, sus cercanos y sus aliados, aunque el costo sea ampliar significativamente el número de pobres, que como decía Castillo Peraza: “no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en comer”.
Y en el marco de estos sucesos, al menos dos eventos nos irán indicando el camino y el destino que nos espera; el primero, el hackeo de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (por demás grave); el segundo, la publicación del libro “El Rey del Cash”, cuya autora es Elena Chávez, la ex esposa de uno de los hombres más cercanos del presidente -hoy subsecretario de Gobernación- César Yáñez, que pretende explicar lo que miles nos preguntábamos (aunque ya lo sospechábamos) de dónde salió el dinero que le permitió a López Obrador, todos estos años, mantener su movimiento y el estilo de vida que él y sus hijos llevan (que de austero tiene nada).
Los primeros signos que vimos sobre el poder que le estaban otorgando especialmente al ejército, fue con el cambio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación durante estos 4 años, que evidenciaron un aumento, no sólo en recursos económicos, sino en atribuciones y facultades para esta institución. Y como dato adicional, ¿quién puede olvidar el “rescate” del General Salvador Cienfuegos luego de ser detenido en Estados Unidos?
Todos los días y poco a poco observamos al General Crescencio Sandoval empoderarse, hasta convertirse en el “empresario del sector público” más importante del país: Dinero para la construcción del AIFA, de la refinería de Dos Bocas, de las sucursales del Banco del Bienestar, para el transporte de las vacunas, para el cuidado de las fronteras y un largo etcétera; más de 220 acciones administrativas y curiosamente inacción ante la violencia generada por los grupos criminales.
En las recientes filtraciones del grupo denominado como “Guacamayas”, conocimos también que serán dueños de una Aerolínea y de hoteles para competir en el sector turístico y el argumento para justificar tal control de López Obrador, es que esto “impide privatizar los bienes de México” y que por tanto si el ejército los administra, entonces el dinero será del pueblo, de ese pueblo bueno y sabio que cada día está más empobrecido. Por eso, muchos nos hacemos la pregunta: ahora ¿realmente quién gobierna en México?
Con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional, vimos un cambio radical en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: un ministro obligado a renunciar, tres nuevos ministros electos por el Senado de la República, donde la carta credencial más importante para su selección fue la cercanía con el titular del ejecutivo. El nuevo presidente del poder judicial ni tardo ni perezoso, buscó con vehemencia agradar al Rey de Palacio Nacional, presentó una farsa de reforma del poder judicial, asumió el papel de actor principal y no dudó en complacer al presidente para moldear la ley incluso para armar las preguntas de una consulta de revocación de mandato que también fue una falacia.
Mantiene durmiendo en el sueño de los justos las acciones de inconstitucionalidad sobre la militarización del país, y ante el rechazo de la ley eléctrica en el Congreso de la Unión, le ofreció al presidente una ofrenda para que pudiera hacer con el tema lo que mejor quisiera. Estrenó una serie sobre un feminicida, sin el menor cuidado hacia las víctimas, hay quienes le agradecen incluso que haya visitado Santa Martha Acatitla y “revisado expedientes para hacerles justicia”, cuando aun siendo su obligación en todos estos años, no ha exigido a los jueces avanzar con mayor rapidez en la solución de los miles de casos que hay en todo el país. Y con broche de oro, se estrenó en las redes sociales, en TikTok donde promueve ver la serie de Netflix “El Caso Cassez-Vallarta una Novela Criminal”, para victimizarse, asumirse como perseguido del expresidente Felipe Calderón y con ello rendir tributo a López Obrador. Le aprendió muy bien a los cuentacuentos del régimen como Epigmenio Ibarra y Damián Alcázar.
Mientras esto sucede, como nunca antes, hemos visto un poder legislativo disminuido, sumiso, incluso ignorante de los procesos legislativos, donde la bancada de Morena y sus aliados, no estudian (ni les interesa) asumir el papel del control parlamentario, y miembros de las bancadas de oposición (con sus honrosas excepciones) que se encuentran presos de sus propias debilidades y errores y que ante la amenaza, la justicia selectiva e incluso la “purificación partidista” prefieren ceder ante las presiones del gobierno, me refiero específicamente a los grupos parlamentarios del PRI y del PRD.
La discusión ha sustituido el debate, se han rebasado los límites entre lo público y lo privado, y no es que antes no hubiera episodios vergonzosos, sin embargo, hoy el Congreso de la Unión es sólo una oficialía de partes al servicio personal de quien habita en Palacio Nacional, aunque esto signifique perder la dignidad, el honor y la congruencia. Cambian de postura sin argumento alguno, desdeñan la constitución, violan constantemente los procesos legislativos y sin recato alguno han convertido en un ring sin reglas los recintos parlamentarios.
Sí, estamos en un momento difícil en el país y este gobierno lo ha descompuesto cada día más por ese afán de mantenernos prácticamente polarizados y enfrentados. Lo que beneficia enormemente al régimen que se pretende instaurar, pero hace mucho daño a los mexicanos. Pero también es un hecho que esto debiera impulsarnos a encontrar los perfiles adecuados, no busquemos un salvador -para mesías ya tenemos suficiente con quien ha “gobernado” durante cuatro años-, coaligarnos con la sociedad, con los actores que de ella emerjan; asumir la responsabilidad que como políticos y ciudadanos nos corresponda.
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