La pregunta es si los mexicanos permaneceremos indiferentes, como ocurrió con la mayoría de los habitantes del entonces D. F.
La idea del Estado de Derecho se maneja continuamente y se presente como un ideal de la democracia moderna. Sin embargo, el concepto no resulta tan simple como muchos lo interpretan, pues suele identificarse con la plena vigencia, respeto y aplicación de las leyes. Y esto, que en principio sería correcto, puede esconder una trampa cuando se trata de la de aplicación de la ley injusta. Sabemos todos, por la historia y por la experiencia, que ciertamente existen leyes injustas.
Y el tema de la ley injusta también suele ser parte del debate en la vida política, pues para muchos –como para Sócrates- es preferible la aplicación de la misma, pese al mal que provoque, a su desobediencia, pues esto provocaría un daño a las relaciones y al orden en el Estado. Hay quienes, como el filósofo griego, han sido mártires de la aplicación de leyes o juicios injustos. Pero también hay estados donde no es uno o algunos pocos, sino muchos, los que son víctimas de la ley injusta. El Siglo XX estuvo plagado de ejemplos que se dice indignan a todos, pero hoy se les imita de nuevo.
A los juristas les importa estudiar las fuentes del derecho y basar en ellas su juicio sobre las leyes que, se supone, sirven para aplicar la justicia. En el Estado moderno pareciera que la única fuente del derecho es la voluntad de la mayoría expresada por los legisladores en los congresos. Sin embargo, resulta evidente que aunque los diputados o senadores sean electos por mayoría de votos, no necesariamente encarnan la voluntad popular. Los candidatos no suelen transparentan su pensamiento ni todas sus intenciones, muchas veces realizan lo contrario a lo ofrecido, y otras veces se escudan en evasivas para no comprometerse. Con tal de obtener votos muchos son capaces de mentir descaradamente.
La estatura moral de los legisladores, en general, está por los suelos. Pocos tienen convicciones firmes y son transparentes. No faltan quienes están a disposición del mejor postor, como pasó con los diputados argentinos que habían ofrecido votar contra la ley del aborto y finalmente no cumplieron. Y este tema es uno de los que más han demostrado que en muchos casos el Estado de Derecho o no existe en verdad, o ha fallado en su aplicación.
Otra de las fuentes del derecho es la ley natural, que hoy es ignorada olímpicamente por los legisladores. En ella se encuentran puntos torales, de fácil conocimiento y comprensión con el simple sentido común y que, sin embargo, son ignorados o violados con la mano en la cintura. Este es el caso de la defensa de la vida. Por eso el pueblo argentino estuvo con el alma en vilo ante la posibilidad de que el Senado de ese país aprobara también la legislación a favor del aborto. Quien haya seguido el debate habrá podido escuchar una sarta de falacias por parte de los defensores de los partidarios de la muerte del hijo en el seno materno, que a partir de argumentos sentimentaloides, mentiras dizque basadas en datos estadísticos o sofismas, obtuvieron 31 votos favorables. Sin embargo, los defensores de la vida, impulsados por la ola azul de los miles de manifestantes que externaron su repudio al aborto, finalmente mantuvieron la cultura de la vida en Argentina.
Triunfó la cultura de la vida. Sin embargo, se trata de batallas que no deberían de existir si el Estado aspira a ser de Derecho, pues uno de los requisitos para que lo sea es la protección de la vida de todos, sin excepción. Si en el pasado y en algunos estados se admitió la pena de muerte como un medio de protección a la sociedad o de escarmiento, hoy hay clara conciencia de que ésta no se justifica por dichas razones, pues hay otros medios para ello. Del mismo modo y como causa profunda es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, que aunque disminuida y afectada moralmente por quien no hace honor a ella, nunca la pierde ontológicamente. Menos aún puede existir argumento alguno para quitar la vida a un inocente, incapaz de defenderse y en pleno proceso de desarrollo. Resulta inútil insistir en que desde la concepción existe un ser humano ante quienes no quieren entender las evidencias de la ciencia y están ofuscados por sus ideologías, sus intereses o pasiones.
Por el momento, pues sabemos que los anti vida volverán a la cargada, los bebés argentinos se salvaron. Pero en México están en peligro nacional. Ya en la Ciudad de México impera la cultura de la muerte y se acogen a ella numerosas jóvenes, muchas de ellas engañadas respecto de su estado y de la personalidad que llevan en su vientre. Pero, lamentablemente, la guadaña ha sido esgrimida por Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte y futura Secretaria de Gobernación del equipo morenista. Su anuncio ha dado aliento a quienes con pañuelos verdes aplauden que la muerte infantil se incremente en todo el país. Y eso que la futura secretaria se lamenta de inseguridad y la violencia. Asegura que es defensora del debido proceso y habría que preguntarle cuál es el proceso al que se somete al niño para defenderlo frente a una ejecución arbitraria.
Amparada en un feminismo ramplón, cuando se votó la legalidad del aborto en la Ciudad de México, la ministra Sánchez Cordero dijo reconocer que en la Constitución se protege la vida humana, y que en el seno matero se encuentra un ser humano, pero antepuso la posibilidad, sí, posibilidad (aunque remota) de que la mujer pueda perder la vida en un embarazo o un aborto clandestino, a la vida existente y en desarrollo. Omitió y despreció el interés superior del niño declarado internacionalmente. Fue un egoísmo sexista el que la llevó a aprobar el aborto. Son las mismas razones con que ahora pretende hacerlo extensivo a todo el país.
La pregunta es si los mexicanos permaneceremos indiferentes, como ocurrió con la mayoría de los habitantes del entonces D. F., o si habremos de tomar ejemplo de los argentinos que elevaron la voz y salieron a las calles para oponerse a la sinrazón, defendiendo la vida.
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