En lo que va de la actual administración las personas en condición de pobreza suman 55.7 millones, cifra que de acuerdo a cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para el cierre de este año aumentará a 58.1 millones, situación que hace evidente la necesidad de replantear la política social del gobierno federal pues si bien esta ha sido eficaz en términos políticos, no ha cumplido con su objetivo social, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En este sentido, observó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF) se plantea destinar el próximo año 600 mil 321.9 millones de pesos a 16 programas sociales que el gobierno federal considera prioritarios, ante esta propuesta el organismo patronal propuso un cambio de objetivo que “en lugar de que sea la entrega directa de dinero, que este sea solo un medio; el verdadero objetivo debe ser que las personas y familias salgan de su condición de pobreza”.
Para ello, la Coparmex puso a consideración de las autoridades el Modelo de Desarrollo Inclusivo, el cual consideró puede ser un faro para ampliar las posibilidades de superación de la pobreza, sí con programas sociales pero también generando condiciones para que más empresas surjan y se generen empleos.
“Hay que ser claros, no hay presupuesto público que alcance, pero sí puede haber innovación y voluntad para propiciar el surgimiento de más fuentes de empleo que se traduzcan en más y mejores ingresos para las familias. Sí a los becarios y sí a los empresarios. Con más personas participando en la vida productiva del país, se genera un círculo virtuoso que tiene como resultado una mejora continua en el bienestar de los individuos”, enfatizó.
A este respecto, el organismo empresarial propuso siete acciones:
1. Cambiar el modelo de reparto de subsidios generales por una aplicación focalizada de los programas sociales y corregir la actual asignación de los programas de transferencias monetarias para evitar la exclusión de los hogares de menores ingresos.
2. Retomar el concepto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que considera que una persona está en situación de pobreza cuando tiene un ingreso menor a la línea de bienestar (valor mensual total de la canasta alimentaria y no alimentaria), para hacerlo el estándar mínimo de ingresos. En este aspecto, la Coparmex recordó que desde 2018 impulsó el incremento gradual del salario mínimo.
3. Debe garantizarse que los empleos a los que acceden las personas vulnerables, como los indígenas, cuenten con seguridad social.
4. Terminar con la brecha de género, asegurando igualdad de oportunidades.
5. Establecer una política de fomento al emprendimiento; y también a la economía social y solidaria que permita a las cooperativas y al conjunto de empresas de propiedad colectiva del sector social, crecer, captar inversión, acceder a crédito de la banca de desarrollo a tasas preferenciales, abrir nuevos canales de comercialización en compras públicas y contar con apoyos para la capacitación y la innovación.
6. Avanzar en la construcción de un sistema universal de protección social, para ello es imperativo asignar presupuesto igualitario e integrar funcionalmente la atención primaria en salud. La atención primaria permite atención preventiva, detección de riesgos y control de las enfermedades en sus primeras fases.
7. Establecer un esquema de transferencias monetarias de emergencia para las personas que pierden su medio de sustento, a través de mecanismos ágiles y transparentes de registro y asignación temporal.
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