Al calificar la Ley de Seguridad Interior como ambigua, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó a los senadores que antes de aprobarla realicen un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana y sus posibles soluciones, en el que participen la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana.
La legislación propuesta, indicó, que consagraría la función de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley es “muy inquietante”, ya que se corre el riesgo de que sus normas se puedan aplicar de forma amplia y arbitraria. Asimismo, señaló que las disposiciones contempladas podrían debilitar los incentivos de las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes de la ley.
A través de un comunicado emitido este martes, el Alto Comisionado aseguró que reconocía plenamente que “México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada. Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.
Zeid recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policías robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal. El proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.
“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”, consideró.
Zeid señaló que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita había hecho hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentará la seguridad ciudadana, velará por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigará las presuntas violaciones y garantizará la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.
redaccion@yoinfluyo.com
