Renegociando el TLCAN: Reconstruyendo nuestra relación económica en solidaridad, confianza mutua, y justicia.
Una declaración conjunta de los obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano y Los presidentes de los comités de Justicia Nacional y el Desarrollo Humano y Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
Si bien el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ya ha iniciado, y a pesar de las diversas posiciones de los tres países que se han ventilado hasta ahora, nuestros líderes políticos deben aprovechar esta oportunidad para profundizar constructivamente los lazos entre nuestras naciones y tomar en cuenta las preocupaciones que han surgido desde la implementación del acuerdo original. Independientemente de si se llega o no a una renegociación exitosa del TLCAN, los tres gobiernos deben procurar decididamente una relación comercial mutuamente respetuosa, justa, y solidaria, especialmente para los más pobres de nuestros países.
El Compendio de la doctrina social de la Iglesia enseña: “Hoy, más que nunca, el comercio internacional, si se orienta oportunamente, promueve el desarrollo y es capaz de crear nuevas fuentes de trabajo y suministrar recursos útiles”. “Los criterios éticos…deberían orientar las relaciones económicas internacionales: la persecución del bien común y el destino universal de los bienes; la equidad en las relaciones comerciales; la atención a los derechos y a las necesidades de los más pobres en las políticas comerciales y de cooperación internacional. De no ser así, ‘los pueblos pobres permanecen siempre pobres, y los ricos se hacen cada vez más ricos.’”.
Los acuerdos comerciales tienen consecuencias que trascienden el ámbito económico; afectan las dimensiones humanas y morales que deben ser atendidas también. Por ello deben ser evaluados en relación a los efectos que tienen sobre los pueblos, las regiones y el medioambiente en los países afectados. La Iglesia cree que el comercio debe beneficiar en primer lugar a las personas, además de los mercados y las economías. Es crucial que estos acuerdos complejos y multifacéticos surjan de un sólido marco jurídico que proteja el bien común y a los más vulnerables.
Consideramos que los tratados, como todas las políticas económicas y comerciales, son instrumentos para lograr el bienestar y desarrollo integral de todas las personas. Es por ello que deben de responder a las necesidades más básicas de los pueblos. Esto implica que sean diseñados y valorados desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual, familiar, comunitario, así como de las naciones y los pueblos. De no ser así, y si no se adoptan políticas económicas, políticas y sociales compensatorias que mitiguen o contrarresten los efectos negativos mencionados, se fomentaran, como ha sido el proceso hasta ahora, mayores desigualdades entre regiones, sectores y grupos, desplazamientos forzados, migraciones desordenadas, involuntarias e inseguras y las diversas formas de violencia.
Temas y criterios orientadores para el proceso de negociación
Como obispos, abordamos la cuestión del comercio como pastores, no como técnicos.
Cualquier tratado comercial deberá ser evaluado, además de sus impactos económicos, de acuerdo a los siguientes criterios:
Los pobres. En el transcurso de este proceso de renegociación, no se puede volver a abandonar a los pobres. Los acuerdos deberán pre-venir la profundización de las pobrezas y compensar a quienes resultarán afectados.
Migración. La migración ha de convertirse en un proceso digno, reconociendo que la persona tiene derecho a salir o permanecer en su país para proveer por su familia. Cualquier acuerdo comercial o de inversión debe diseñarse de una manera que tenga como objetivo aliviar las condiciones que impulsan a la gente a dejar sus tierras de origen. Por lo tanto, es crítico aprovechar esta oportunidad para mejorar los términos del acuerdo, incluyendo el abordaje de las raíces de la migración que siguen obligando a muchos mexicanos a arriesgar el peligroso viaje hacia el norte. Ambos países necesitan atender las condiciones económicas de las familias pobres de México y de los Estados Unidos, especialmente los pequeños productores agrícolas, los servicios de baja productividad, así como el creciente desplazamiento impulsado por el cambio tecnológico y la inseguridad. Es un fenómeno multinacional y multidimensional y como tal debe tratarse.
Trabajo y protección laboral. La Iglesia enseña que el trabajo tiene una dignidad inherente. Apoyamos la protección de los derechos de los trabajadores, dentro y fuera de su propio país, incluido el derecho a organizarse, así como el cumplimiento de los estándares sobre el trabajo acordados internacionalmente. La preocupación por la pérdida de empleo en ambos países requiere que cualquier acuerdo vaya acompañado de compromisos firmes para ayudar a los trabajadores, así como a sus familias y comunidades, a hacer frente a la tensión social y financiera de las fracturas que el libre comercio podría traer. Es fundamental prestar especial atención a condiciones de trabajo seguras, horas de trabajo razonables, tiempo libre, salarios familiares suficientes para la vida y otros beneficios sociales reconocidos, así como impedir el trabajo infantil.
Desarrollo sostenible y atención a la creación. El vinculo esencial entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo humano sostenible requiere priorizar el cuidado del medio ambiente y la salud de las comunidades.
Pueblos Indígenas. Por el necesario respeto a sus herencias culturales y en vista a la promoción de sus propias formas de desarrollo, esperamos que ambos países garanticen que los acuerdos comerciales honren el patrimonio de las comunidades indígenas originarias y que estas reciban los beneficios justos de cualquier comercio que utilice sus conocimientos tradicionales o recursos naturales.
Agricultura y alimentación. Los obispos de ambos países hemos expresado serios temores sobre la vulnerabilidad de los pequeños productores agrícolas cuando se enfrentan a la competencia de las empresas de grande escala, que gozan de una notable ventaja debido a las políticas gubernamentales de Estados Unidos. Cualquier acuerdo tendrá que considerar políticas compensatorias para promover los sistemas alimentarios de producción, distribución y consumo sociales en el sector agrícola de México, y proteger a quienes viven en zonas rurales en los Estados Unidos.
Derechos de Propiedad Intelectual. Las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual relativas a los productos farmacéuticos y a la agricultura son una preocupación en particular. La Iglesia ubica los derechos de propiedad intelectual dentro del marco más amplio del bien común y cree que estos derechos deben ser equilibrados con las necesidades de los pobres para el acceso a los medicamentos y a los alimentos, así como, por otra parte, reconocer intelectual, económica y políticamente los conocimientos comunitarios. En particular, una ampliación de la exclusividad en el mercado del TLCAN para productos farmacéuticos pondría en peligro la salud de millones de personas que luchan por cuidar la salud de sus familias.
Maximizando participación en el proceso
El acuerdo comercial renegociado, o los nuevos entendimientos que se logren, deberán ser complementados con otros mecanismos económicos; especialmente de financiamiento y cooperación al desarrollo para lograr los objetivos del bienestar y evitar la profundización de las desigualdades entre familias y regiones. Los acuerdos deben fortalecer el respeto a los derechos humanos, principalmente los laborales, pero también todos los sociales, culturales y ambientales, así como la seguridad humana de las comunidades a ambos lados de la frontera.
La dignidad humana exige que los pueblos tengan voz en las decisiones que afectan sus vidas. Durante la negociación, y las evaluaciones de desempeño posteriores, deben crearse mecanismos adecuados que tomen real y directamente en cuenta el derecho a participar y los derechos de los pobres, los pueblos originarios, el cuidado de la creación, y las comunidades y trabajadores.
Como pastores y maestros en una Iglesia global, desde nuestra experiencia del impacto del comercio y otros aspectos de la integración económica, sus posibilidades y peligros, estamos dispuestos a compartir nuestras perspectivas para asegurar que las políticas se basen en estos criterios. Daremos seguimiento a los compromisos que se acuerden y a su contribución para avanzar en la resolución común de nuestros problemas comunes.
15 de noviembre de 2017
Excmo. Mons. Oscar Cantú,
Obispo de Las Cruces, New Mexico
Estados Unidos
Presidente
Comité de Justicia y Paz Internacional
Conferencia de Obispos Católicos de EEUU
Excmo. Mons. Frank Dewane
Obispo de Venice, Florida, EEUU
Presidente
Comité de Justicia Nacional y el Desarrollo
Conferencia de Obispos Católicos de EEUU
Excmo. Mons. José Leopoldo González González,
Obispo de Nogales, Sonora, México
Presidente Comisión Episcopal para la Pastoral Social
Conferencia del Episcopado Mexicano
Excmo. Mons. Carlos Garfias Merlos
Arzobispo de Morelia, Michoacán, México
Responsable por la dimensión de Justica, Paz y Reconciliación, Fe y Política, CEPS
Conferencia del Episcopado Mexicano
Excmo. Mons. Guillermo Ortiz Mondragón
Obispo de Cuautitlán, Estado de México
Responsable por la dimensión de Movilidad Humana,
CEPS, Conferencia del Episcopado Mexicano
1 Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 33.
2 Juan XXIII, Pacem in Terris, 25.
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