Uno de los temas que más le preocupan al Sr. Trump y al primer ministro canadiense Trudeau es el tema de los salarios de los mexicanos. Y es de entenderse: cuando se negoció el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, se habló mucho de la “asimetría” entre los países. Esto era para no decir que estábamos muy por debajo de nuestros socios en términos de competitividad y de capacidad productiva. En la época, lo que podíamos llevar a la mesa de negociaciones era muy poco. Fundamentalmente petróleo y mano de obra barata.
El resultado fue que una buena cantidad de empresas vinieron a México buscando reducir sus costos de producción. Igual que lo hicieron unos pocos años después trasladando una buena parte de la maquiladora norteamericana a China y a la India, buscando exactamente la misma ventaja. Por supuesto, había otras ventajas que nos favorecieron. Siempre es más fácil supervisar convenios entre empresas cuando todos están a mediana distancia y no necesitan de vuelos de 14 a 20 horas como los que se necesitan para supervisar a fábricas en China o la India. O en Sudamérica.
Ahora los negociadores de Estados Unidos y Canadá han estado exigiendo que México aumente los salarios de sus trabajadores, con el motivo de evitar una ventaja competitiva que, según ellos, es injusta. Curiosamente, como muchos políticos mexicanos, estos negociadores creen en el mito de que los salarios se pueden modificar por decreto. Un concepto que tiene sus raíces en los conceptos de Marx quien pensaba que la diferencia entre el costo de las materias primas y el precio de venta era lo que él llamaba plusvalía y se la atribuía al esfuerzo del trabajador mientras que el empresario se la apropiaba ilegítimamente. A los que siguen creyendo en este concepto, entre otros los negociadores del tratado de libre comercio de América del Norte, se les olvida que las teorías de Marx fueron desarrolladas en una época en que no existía la contabilidad de costos y que él no consideraba cosas como el costo del capital, el costo del equipamiento, la necesidad de tener utilidades para poder hacer crecer la empresa y muchas otras cosas que hoy en día tenemos bastante más claras.
El punto es que México no puede subir arbitrariamente los salarios, sino que el aumento tiene que formar parte de un acuerdo nacional en el cual una parte importante estaría en manos del sector patronal, y por supuesto del sector laboral. Habría que hacerlo con una planeación muy sofisticada y lo más probable es que los resultados tardarán varios años en ser notados. De modo que, si los Señores Trump y Trudeau quieren poner esto como una condición imprescindible para firmar el tratado de libre comercio, bien podemos irnos despidiendo del mismo.
El asunto tiene algo de círculo vicioso. Para aumentar la productividad de los trabajadores mexicanos, como ya he dicho en varias ocasiones, hay que gastar en mejor equipamiento, en una mejora importante en métodos y procedimientos fabriles, entrenamiento, actualización de los procedimientos de administración de las empresas y en particular los de administración de la producción. Como lo han hecho las empresas mexicanas que están siendo proveedores de clase mundial y que, por supuesto, pagan salarios mucho mejores que el promedio de los del país. Pero todo eso es inútil si no se logra una mayor escala de producción. Eso solo se puede lograr mediante el comercio internacional que nos permita aumentar importantemente nuestra capacidad productiva y aprovechar mejor nuestras instalaciones que, en muchísimos casos, están trabajando un solo turno de trabajo cuando podrían trabajar en dos o tres turnos. Reducirnos el comercio, que es lo que nos amenazan los Señores Trump y Trudeau, haría mucho más difícil que pudiéramos tener el tamaño necesario para mejorar los salarios.
Esto no quiere decir que no deba hacerse el máximo esfuerzo posible para mejorar los salarios actuales. No se puede basar el desarrollo del país mediante el pago de salarios mezquinos. A muchos ya se les ha olvidado que por mucho tiempo las organizaciones empresariales querían dar mejores salarios a sus obreros y empleados mientras que los negociadores gubernamentales en la comisión de salarios mínimos, la que avala esos incrementos, pedían aumentos muchos menores, con el propósito de reducir la inflación. Y tal vez hemos olvidado que eso fue en tiempos del gobierno priista.
Estrictamente, dar salarios dignos es un asunto de justicia. Pero sin tener el soporte adecuado para poder dar esos aumentos, y sin planear cuidadosamente cómo se deben de adaptar las empresas a esas nuevas estructuras de costos, volveremos a caer en la situación de que los salarios no se pueden subir por decreto y que no serían sostenibles. Aunque así lo quieran dos de los países más importantes del mundo.
redaccion@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com
