El aumento de los precios de los combustibles, vigentes a partir del 1 de enero de 2017, es desproporcionado y atenta directamente contra la economía del consumidor final, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Al dar a conocer su posición respecto de la decisión anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Coparmex explicó que, si bien siempre ha impulsado la libre competencia y ha aportado propuestas para la implementación de la Reforma Energética, que establece un mercado abierto donde más jugadores participan, de ninguna manera está de acuerdo en que el usuario final resulte el más afectado con el incremento de precios de los combustibles.
Cuestionó que el componente de impuestos de los precios de las gasolinas es demasiado elevado (más del 40%). “Nos parece desproporcionado que el gobierno le traslade toda la carga al consumidor final y que no haya voluntad para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales”.
Y por eso llamó al Congreso de la Unión para la revisión y ajustes pertinentes a la Ley del IEPS, para aminorar las afectaciones y evitar su impacto directo a la economía de los consumidores finales, así como el impacto inflacionario que pueda generarse con los aumentos en los combustibles.
En este contexto, manifestó su preocupación por el incremento de las importaciones de gasolinas y diésel en los últimos años, que hoy en día están por encima del 60% del consumo nacional; y esto, debido a la limitada e ineficiente infraestructura de refinación con la que cuenta México.
De esta manera, la Coparmex se pronunció por acelerar la actualización de la infraestructura de refinación, así como la rápida apertura al sector privado para almacenamiento y transporte de gasolinas y diésel, y empezar a producir lo que actualmente se importa, y transportarlo a costos más competitivos. De lo contrario, los costos futuros serán mayores y más drásticos, advirtió.
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