México, 7 Feb (Notimex).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y 273 organizaciones sociales presentaron los resultados de 23 consultas y foros que incluyen una serie de propuestas dirigidas al gobierno federal para enfrentar los difíciles entornos nacional e internacional.
En conferencia de prensa encabezada por los presidentes de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, explicaron el contenido del documento final denominando “#MisPropuestasParaMexico”.
Señalaron que se trata de un resumen condensado en 20 propuestas de alto impacto de un total de 517 que surgieron en los citados foros realizados desde los primeros días de enero y lo que va de febrero de este año y que serán incluidas en el diálogo del sector privado con el Ejecutivo federal.
Los dirigentes empresariales y los representantes de las organizaciones civiles participantes coincidieron en que es necesario ampliar el diálogo entre el gobierno y la sociedad en su conjunto e incluso plantearon la necesidad de crear una “auditoría ciudadana” que verifique el cumplimiento de los acuerdos.
El primer eje sobre el cual giran las propuestas es el relativo a la exigencia de que si los mexicanos contribuyen más, el gobierno debe recaudar bien, con reglas claras y equitativas.
Aquí plantean que se identifique con precisión y se dé seguimiento a los ingresos del excedente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles y que se publiquen los resultados por concepto de cuotas obrero-patronales de seguridad social.
El segundo eje versa sobre los ingresos del gobierno, administrar y gastar mejor, para lo cual piden se explique el calendario para el mejoramiento de transporte público, se cree el sistema nacional de programas sociales y padrón único de beneficiarios.
También se asegure la operación correcta de la Clave Única de Población, se eliminen programas sociales duplicados e incrementar el gasto social para aquellos que sí funcionan.
El documento también refiere acciones específicas para que el gasto público en todos los niveles de gobierno se transparente, se eliminen los gastos excesivos y superfluos y haya adecuada y oportuna rendición de cuentas, ordenando nómina de servidores públicos para evitar pagos irregulares e ilegales.
También que todos las transferencias de recursos a los estados y municipios se supervisen y tengan claras reglas de aplicación, se revise el impacto del Ramo 23, eliminar fondos discrecionales y se cree un sistema nacional de programas, fondos y convenios para esas canalizaciones de dinero.
En materia de fiscalización, proponen que la Procuraduría General de la República informe mes a mes los casos contra funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción y que antes de concluir la actual administración federal se hayan instalado los 33 sistemas estatales en la materia.
En el cuarto eje, los empresarios y las organizaciones civiles exigen un manejo responsable del gasto, donde lo más importante sea mejorar la calidad de vida de las familias, mediante un acuerdo entre los sectores productivos y el gobierno federal.
En este punto, proponen la recuperación gradual, a corto plazo, del salario mínimo, tasa cero de impuestos a personas asalariadas que ganen entre siete mil 500 y 14 mil pesos que estén debidamente registradas en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
También, plantean crear junto con Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles.
Tanto Gustavo de Hoyos como Juan Pablo Castañón aseguraron que este ejercicio es una muestra de que no hay rupturas en el sector privado del país, que seguirán enriqueciendo el diálogo con el gobierno federal y que contribuirán a construir una agenda común para enfrentar los retos del país.
Juan Pablo Castañón, dirigente del CCE, adelantó que plantearán estas propuestas también en la próxima reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y ante el Poder Legislativo, a fin de que encuentren más respaldo y consensos que faciliten su aplicación y vigilancia.
Por su parte, Gustavo de Hoyos subrayó que este ejercicio de consulta será permanente, que ampliarán los niveles de interlocución y que la voz de los empresarios deberá seguirse escuchando, junto con la de la sociedad organizada.
Ambos informaron que el documento se presentará el próximo 16 de febrero en la Asamblea Nacional de Empresarios, en la cual plantearán un frente común para que la interlocución con los gobiernos de todos los nieves sea de alto nivel y con compromisos reales y voluntad de concretarlos.
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