México, 25 Abr (Notimex).- Organizaciones civiles del colectivo Seguridad sin Guerra pidieron que el Poder Legislativo posponga la aprobación de la ley de seguridad interior, así como abrir un amplio debate y abordarla de manera integral con otros temas pendientes.
En conferencia de prensa, el secretario general de la fundación México Unido contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa, consideró que la aprobación de la ley no debe estar sujeta a negociaciones de los partidos en la coyuntura electoral, y se debe evitar un “albazo” ante la proximidad del cierre de sesiones en el Congreso.
La ley de seguridad interior, agregó el abogado, se debe abordar junto con otros temas de la llamada “miscelánea penal”, que incluye entre otros reformas en seguridad pública, Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Penal Acusatorio.
Además de regular el Artículo 29 de la Constitución Política y un cronograma para el retiro gradual del Ejército de las labores de seguridad que corresponden a las autoridades civiles.
A su vez, el fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo Vargas, opinó que ha sido incorrecto ver la seguridad como un tema de gobiernos y no de Estado, y que “el fondo del problema es que los gobiernos no levantan la mirada hacia la construcción de acuerdos de Estado”.
Lo que se requiere, dijo, es un nuevo paradigma de seguridad democrático que se consolide con el tiempo independientemente de quien esté en el gobierno, pues las políticas de seguridad deben ser de largo plazo y democráticas, algo que México no ha conseguido.
Consideró que contrario a lo que se prometió cuando se decidió incluir al Ejército en labores de seguridad, las autoridades civiles en materia de seguridad se han debilitado, mientras que las castrenses se han fortalecido en dichas funciones.
En tanto, la politóloga Denise Dresser comentó que si bien actualmente no hay condiciones para el retiro de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública, se deben tener las normas correctas para que regresen de forma calendarizada a los cuarteles.
Asimismo consideró que la iniciativa de ley de seguridad interior, como está planteada, permitiría a los gobernadores “lavarse las manos” en cuanto a sus funciones en materia de seguridad, cargándole todo el peso a las autoridades federales y a las Fuerzas Armadas.
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