El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que dé a conocer cuántas personas aspiraron a ser los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que castigarán los actos de corrupción, que detalle el procedimiento que siguió su gobierno para elegir a 18 candidatos, y que argumente por qué su administración considera que estos últimos tienen las mejores credenciales para el cargo.
En una carta enviada al primer mandatario, le comunican que el CPC, en su reunión del martes 2 de mayo, acordó someter al Senado de la República una moción respecto del nombramiento de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“Estamos convencidos de que usted comparte con el CPC el objetivo común de luchar contra la corrupción y construir un país más justo y equitativo”, dice la misiva enviada al presidente Peña Nieto.
Asimismo, el documento enviado al Senado detalla las peticiones del CPC sobre la designación de los tres magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del TFJA y de los 15 magistrados de las Salas Regionales Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas.
En opinión del CPC, en este proceso de nombramiento no se han respetado los principios constitucionales de transparencia, debido a que se privó a organizaciones civiles, organismos empresariales, colegios profesionales y ciudadanos en general de evaluar, opinar y cuestionar el perfil profesional y personal tanto de los elegidos como de todos aquellos que contendieron por un lugar en el TFJA.
Por ello, solicitan como “condición inexcusable” para la ratificación que los senadores o la Comisión Permanente del Congreso requieran al presidente Peña Nieto publicar la lista completa de aspirantes a ser magistrados, revelar el procedimiento de selección y explicar por qué su gobierno optó por los 18 elegidos, así como por qué entre ellos sólo hay cinco mujeres.
Asimismo, piden al Senado publicar en prensa, redes sociales y medios oficiales los elementos que se utilizarán para analizar, valorar y calificar la idoneidad de los postulados, y hacer públicas las sesiones de deliberación sobre la posible ratificación.
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