El rezago de algunas legislaturas estatales para concretar las leyes de los sistemas locales anticorrupción “es oprobioso”, calificó Juan Pardiñas, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en virtud de que el plazo constitucional para esta obligación culmina el 18 de julio y solo 11 Estados han cumplido con la armonización, desdén que aseguró, no va a pasar desapercibido.
El IMCO, junto a Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), representados por Juan Pardiñas, Eduardo Bohórquez y Gerardo Trejo respectivamente, presentaron la segunda actualización del Semáforo Anticorrupción, misma que es una medición respecto del avance de los estados en la reforma constitucional local y la legislación secundaria para poder establecer los sistemas locales anticorrupción y que además señala una serie de parámetros que hace a estas satisfactorias, regulares o deficientes.
Con los datos actuales 22 estados ya tienen una reforma constitucional, por lo que han cumplido con el primer paso para la implementación de sus sistemas, teniendo 14 de estas un contenido satisfactorio y 8 regular, en la actualización anterior eran sólo 10 estados con una reforma constitucional de carácter satisfactorio.
No obstante 3 estados, Campeche, Chihuahua y Tabasco, no tiene ni siquiera con una iniciativa de reforma constitucional, es decir no han comenzado el proceso para implementar el Sistema Local Anticorrupción. Jalisco tiene una iniciativa presentada pero tiene características que la hacen deficiente.
Morelos llamó la atención al ir de una reforma constitucional deficiente a una satisfactoria al hacer ciertos cambios legislativos, sobre una reforma ya aprobada.
En cuanto hace a la legislación secundaria, es decir el segundo paso y el que completa la estructura legal para el sistema, sólo 11 entidades federativas, cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción. En tanto, 13 entidades federativas no tienen ni una iniciativa en la materia en el Congreso local, estos son: Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz. Sin embargo 8 estados se agregaron a los que tienen ya una ley local, desde la pasada actualización.
Por otro lado, el día de mañana se determinará a la persona encargada de la Secretaria Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, y con esta designación sería posible liberar los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para el trabajo del mismo, con base en la agilidad con la que fluya el dinero para cumplir con las metas podría calificarse si el gobierno verdaderamente tiene voluntad para que funcione adecuadamente, explicaron los expositores.
Respecto del costo que implica el sistema anticorrupción, Bohórquez señaló que hay que evitar “la danza de las cifras”, que se calcula en unos 350 millones al año para la Secretaría Ejecutiva pero hay quienes hacen cálculos de 7 mil millones u otras cifras, pero aclaró, hay que distinguir entre lo que es federal o materia local, lo que es propiamente anticorrupción, prevención o sanción, entre otros.
Con relación a cómo se debe combatir la cultura de la corrupción indicó Bohórquez que México implementó la campaña más larga en contra de la corrupción, 12 años continuos, con los resultados a la vista y se señaló que en todos los países hay corrupción lo que hace la diferencia es la impunidad. Por su parte Juan Pardiñas señaló que ver a los 12 gobernadores acusados de corrupción y sus redes en prisión, sería un mensaje más poderos que cualquier campaña mediática.
Además indicaron que los delitos electorales con la legislación actual, si están vinculados con corrupción pueden ser calificados como graves.
Gerardo Trejo indicó que una de las finalidades del Sistema también es detectar dentro de las legislaciones aquellas que por su estructura fomentan la extorsión (corrupción).
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