Tijuana, 5 Jun (Notimex).- El Instituto Profesional de la Contaduría Pública de Tijuana (IPCP) se pronunció por que el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California contemple un nuevo órgano de fiscalización con la participación ciudadana y autónomo.
El presidente del organismo civil, Sergio Soto García dijo que desde la perspectiva de la rendición de cuentas públicas, la aplicación del sistema deberá ser figura ejemplar en el combate a la impunidad y castigar a quien realice actos de corrupción.
Consideró necesario “que sea clara y cierta la inclusión de la ciudadanía, tanto en el sistema como en el control dentro de los órganos de fiscalización para ciudadanizar la vigilancia y la transparencia de las cuentas públicas”.
Dijo que el estado, los ayuntamientos, dependencias, paramunicipales, paraestatales, entre otros, están sujetos a rendir sus cuentas públicas y deben hacerlo cada 31 de marzo, aunque actualmente pueden transparentarlo o no.
Soto García acentuó que el Sistema Estatal Anticorrupción tendría que obligar a transparentar 100 por ciento las cuentas públicas, lo cual se lograría con un fiscal e integrantes del órgano provenientes de la sociedad civil y avalados por ésta misma.
“Se tiene hasta el 18 de julio para la aprobación del sistema y sus leyes secundarias, organismos civiles y expertos en diferentes áreas coinciden en que esta figura deberá ser integrada por abogados, contadores públicos, académicos, entre otros”.
Sin embargo, estos profesionistas no deben depender del Congreso del Estado ni la intromisión de partidos políticos, manifestó el dirigente de los contadores públicos.
Recomendó que las sindicaturas municipales por ser órganos de vigilancia, control y sancionadores deben ser ciudadanizadas o combinadas al igual que los órganos estatales y federales, adicionando leyes y reglamentos para su correcta implementación.
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