México, 14 Jun (Notimex).- La Secretaría de Economía informó a la Cámara de Diputados que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), continúa las acciones de vigilancia a los proveedores del mercado de combustibles, principalmente a las gasolineras y plantas distribuidoras de gas LP.
En respuesta a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara baja, la dependencia del gobierno federal aseguró que el año pasado fueron verificadas seis mil 373 estaciones de servicio y mil 208 plantas distribuidoras de gas licuado de petróleo (LP).
Además, se atendieron tres mil 484 denuncias a gasolineras y 292 a las empresas repartidoras de gas LP, sostuvo la Secretaría de Economía en respuesta a los legisladores que solicitaron a la Profeco un informe sobre los resultados de las verificaciones a establecimientos que expenden combustible al público en general.
Los diputados relataron que en 10 años se había triplicado el número de gasolineras; en 2006, había tres mil 723 en todo el país y, en 2016, operaban 10 mil 715 estaciones de servicio de gasolina y diésel, concesionarias de Petróleos Mexicanos (Pemex), y la gran mayoría funcionando con irregularidades.
También mencionaron que la problemática del robo de gasolina y otras anomalías se ven agravadas con la presunta colusión entre autoridades y los encargados de las gasolineras.
En el documento de su respuesta, la dependencia precisó que son cinco aspectos generales bajo los cuales la Profeco realiza la revisión del cumplimiento de la normatividad por este tipo de proveedores: aspectos comerciales, documentales, cualidades metrológicas, aspectos electrónicos y de seguridad.
Indicó que se reciben denuncias en contra de proveedores de gasolinas y diésel por diversas causas, siendo las más recurrentes la percepción del consumidor de no haber recibido la cantidad de combustible que solicitó y pagó.
Al respecto, la Dirección General de Verificación de Combustibles, de la Profeco programó visitas de verificación en el domicilio de diversas gasolineras, por lo que, en caso de confirmación de las irregularidades denunciadas, se impondrán medidas precautorias para inmovilizar los instrumentos de medición, además de qie se inicia un procedimiento administrativo para la imposición de sanciones.
Puntualizó que el gas LP es considerado un producto de primera necesidad, pues es utilizado para uso doméstico en más de 70 por ciento de los hogares mexicanos y, como en el caso de la gasolina y el diésel, representa uno de los sectores estratégicos de mayor relevancia en la economía del país, ya que, además de ser un producto que se consume en la mayoría de los hogares, es utilizado para satisfacer necesidades de tipo industrial, comercial y de servicios.
Por ello, continuó, la Profeco busca permanentemente la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, incrementado y fortaleciendo las actividades de verificación de gas LP, a través de verificaciones en las plantas de distribución y en la vía pública, y a vehículos de reparto de recipientes transportables para contener gas LP y autotanque.
Este programa tiene como objetivo principal garantizar que las transacciones comerciales entre los proveedores de gas LP y los consumidores, se ajusten a los principios básicos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, evitando que se vulneren los intereses y derechos de los consumidores, y que se afecte o pueda afectar su vida, salud, seguridad y economía, explicó.
Con dicho programa de verificación, se procura proporcionar mayor certidumbre a la población para que en la adquisición del hidrocarburo se garantice la cantidad exacta que el consumidor paga, observando que todo proveedor cumpla con las especificaciones de comportamiento comercial en la entrega de notas de venta, comprobante o facturas.
En caso de que la Procuraduría Federal del Consumidor detecte que algún proveedor de bienes o servicios cometió violaciones a la citada ley se actuará con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de las y los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.
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