Dudé en calificarlo de “extraño”, “cobarde” o “culpable”. En cualquier caso, se trata de un silencio, por lo demás inexplicable. Es verdad que otras cuestiones más urgentes han acaparado la atención de la Asamblea General de la OEA celebrada estos días en Cancún, como por ejemplo, la presión por condenar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, así como la violación a los derechos humanos y el orden democrático en Venezuela. Maduro logró esquivar el golpe, y la polémica acaparar los reflectores. Pero tras bambalinas hubo, como va siendo costumbre, una feroz batalla para imponer la cultura de la muerte, que legitima el aborto como derecho humano, y disolver la familia, buscando redefinirla al punto de que no signifique nada y, lo más importante, que no aporte nada a la sociedad.
Pero, ¿qué es lo que se ha silenciado? La “Declaración Americana sobre la Independencia y la Autodeterminación de los Pueblos en Asuntos relacionados a la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa”, firmada por 700 legisladores de estos mismos estados, quienes ven con preocupación cómo un pequeño lobby con poder se ha aposentado en esa institución, violado sus principios rectores, excedido sus atribuciones, lesionado la soberanía de los pueblos y usurpado sus funciones. Reclaman, en consecuencia, que la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se excedan en sus funciones violando la soberanía y el papel de los legisladores de los países miembros, no impongan una ideología determinada y no vayan contra sus textos fundacionales, reinterpretándolos de forma que se vuelvan letra muerta, papel mojado.
En efecto, toman nota de cómo estas instituciones recientemente se empeñan, sin existir ningún consenso vinculante en los países miembros, en presionar para legalizar el aborto o redefinir la familia y atropellar la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Al hacerlo han ido más allá de las atribuciones que les otorgan la Carta de la OEA y la Convención Americana de los Derechos Humanos, en incluso contra la letra de los mismos textos, pues la convención reconoce en su artículo 4 el derecho a la vida a partir de la concepción, y en su artículo 17 que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado”, reconociendo “el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia” (lo que da a entender qué cosa es el matrimonio y qué cosa no lo es, qué debe gozar de la protección pública por aportar un bien a la sociedad, y cuál tipo de unión carece de interés social, siendo únicamente un asunto de particulares que no precisa de la protección ni el reconocimiento del estado).
Es decir, los legisladores denuncian una arbitraria violación de hecho al espíritu y a las atribuciones de estos instrumentos democráticos, que redunda en una abusiva intromisión en las políticas particulares de los países miembros y en una presión injustificada que limita la capacidad de autodeterminación de los pueblos, lesionando la labor legislativa de sus congresistas democráticamente elegidos. En otras palabras, dan testimonio de cómo estos sendos organismos internacionales han sido secuestrados por un lobby fuertemente ideológico, que busca imponer sus dogmas amparado en estas instituciones. En otros términos, que dichos organismos de facto han dejado de representar a los pueblos que los integran, para promover los intereses y las ideas de un pequeño pero influyente grupo de poder. Dicho mal y pronto, se han vendido al mejor postor y han traicionado su misión, lo que resulta patente al ver cómo se exceden en sus funciones y cómo reinterpretan en sentido diametralmente contrario a la letra, sus textos fundacionales.
Los legisladores firmantes han sido valientes, pues es su responsabilidad defender la legítima autonomía de las naciones americanas tratando de recuperar unos valiosos instrumentos, que de momento parecen sometidos a otro tipo de intereses y han dejado de reflejar, por lo menos en estos extremos, el sentir de los pueblos que dicen representar. Lo triste es que los medios de comunicación, una vez más, han premiado su valor y su responsabilidad civil con el silencio, un nuevo y triste caso de conspiración del silencio. Si los poderes públicos y los medios de comunicación están sometidos a un grupo de poder, la democracia y la representación no pasan de ser una triste pantomima, una máscara que encubre la prepotencia del poder oculto pero real. Si ello se consuma, tanto la autoridad política, como los medios de comunicación, habrán perdido su legitimidad, su valor social, corrompiéndose y vendiéndose al mejor postor. Nuestra libertad política y nuestros derechos ya no son intangibles, han comenzado a tener un precio. La disidencia primero se castiga con el silencio, pero si no se ataja el mal, más tarde se hará penalmente. Estos legisladores han actuado, debemos hacerles eco.
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* Doctor en Filosofía
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