Este pasado 28 de diciembre no sólo nos escandalizamos por la noticia del brutal incremento a las gasolinas, diesel y gas LP que sufrirá la sociedad a partir del primero de enero del nuevo año, sino que, además, nos enteramos de que la Asamblea Legislativa de la CDMX aprobó la nueva Ley de Vivienda.
Para nuestra sorpresa, no fue una broma del Día de los Santos Inocentes, sino la triste realidad de la imposición de un nuevo impuesto de manera engañosa. Se trata de un gravamen a la plusvalía de la propiedad privada como consecuencia de “obras de mejoras” urbanas y de servicios que teóricamente incrementarán por sí mismas el valor de las propiedades de los particulares.
En el Artículo 94 de la nueva Ley de Vivienda, se faculta al gobierno de la CDMX a “…implementar mecanismos para la captación de plusvalías, generados por acciones urbanísticas…”.
Es inconcebible que los diputados locales de la Asamblea Legislativa hayan aprobado el 26 de diciembre semejante impuesto, cuando hace apenas unos días el tema fue recurrente en todos los noticiarios y editorialistas. El motivo entonces fue la difusión amplia de un artículo en el Proyecto de Constitución para la CDMX.
Se trataba del Artículo 21 del Proyecto de Constitución, que en su apartado C-7 establece textualmente que: “…los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad…”. Esta redacción generó la movilización y protestas de amplios sectores de la población, específicamente de asociaciones y empresas vinculadas al negocio inmobiliario.
La presión fue de tal nivel que el jefe de Gobierno declaró en los medios de comunicación que vetaría cualquier impuesto nuevo que llegara a su oficina y en el caso específico de este artículo, propuso su inmediata modificación. Con esta declaración de Miguel Ángel Mancera quedó evidenciado que ni él ni el grupo de notables conocían el impacto de este artículo incluido en su proyecto.
Inmediatamente, los diputados responsables de la comisión que elabora los dictámenes correspondientes a ese capítulo de la nueva Constitución, ofrecieron que sería revisado y modificado para que de ninguna manera se permitiera un impuesto de esa naturaleza.
A pesar de todo esto, cuando suponíamos que el asunto había sido superado y que no habría lugar a este tipo de impuestos, la Asamblea Legislativa lo incluyó en el Artículo 94 de la Ley de Vivienda aprobada en el último día de sesiones, cuando la mayoría de la gente estaba de vacaciones y con un alto ausentismo de diputados.
La realidad es que en ambos casos, tanto en la Nueva Constitución como en la Ley de Vivienda, existe un problema de origen que radica en una pésima reforma al Artículo 122 de la Constitución General. Se trata de la reforma a la fracción V del apartado “A” que dice: “…las leyes federales no limitarán la facultad de la CDMX para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras…”.
A partir de esta modificación al Artículo 122 que no es clara, los legisladores pretenden imponer este nocivo impuesto a la plusvalía. Exigimos al jefe de Gobierno que cumpla su palabra y vete de manera inmediata la Ley de Vivienda aprobada por la Asamblea Legislativa y, al mismo tiempo, se proponga la modificación al apartado del Artículo 122 referido.
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