Sin duda alguna la sentencia del ministro Arturo Zaldívar, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marca una nueva era en materia de libertad de expresión y de la relación entre poderes. Que el Poder Judicial instruya al Poder Legislativo a cumplir con su responsabilidad y elaborar una ley sobre un tema particular, es algo inédito. Un gran paso de la SCJN que merece aplauso. No es la única medida en el camino de la modernización que ha tomado en los últimos años la Corte, pero ésta es singular.
El uso y el abuso que hacen los gobiernos del presupuesto para comunicación en nuestro país es demencial. Quizás uno de los mayores pendientes que dejaron los gobiernos panistas fue ese: cambiar radicalmente la perversa relación entre gobierno y medios de comunicación. Lo mismo sucede con la izquierda, que tampoco ha hecho nada en ese sentido: ni López Obrador ni los gobiernos estatales del PRD, porque a veces nada más vemos lo que sucede en el gobierno federal, pero en este caso el dispendio de los gobiernos estatales es gigantesco.
En ese proceso de convertirse en una imitación del PRI, la oposición optó por mantener el modelo priista de comunicación –sin la eficacia de los priistas–. Dar dinero a los medios como una forma de control –que todavía se logra en algunos casos– ha resultado un engaño para los gobiernos y la anulación, lenta pero eficaz, de la credibilidad de los medios de comunicación. El modelo ha sido un círculo vicioso, los gobiernos piensan, cuando tienen problemas, que dando más dinero pueden esconder la realidad, algo que ya la mayoría de los medios no puede hacer, y entonces el gasto se vuelve inmenso e improductivo. En muchas ocasiones varios de los medios juegan a chantajear al gobierno con golpes y denuncias y el gobierno juega a asfixiarlos económicamente.
Un buen porcentaje de los medios en México no necesita de la competencia para sobrevivir. Nada más necesitan que el gobierno les compre publicidad. Por eso no se renuevan, por eso no apuestan a la información. Por eso es dinero tirado a la basura. Uno encuentra en medios elitistas anuncios que dan la bienvenida al paisano que viene en diciembre a ver a su familia. Es publicidad que no sirve porque no llega al destinatario, pero así es todo y a nadie le importa, ni al gobierno ni al medio.
Pero no sólo es el gobierno. Hay miles de anuncios de partidos políticos, de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, de todos los organismos autónomos, y también, por supuesto, del Poder Judicial. Hay segmentos de publicidad en el radio que no tienen un solo comercial de la iniciativa privada.
Aplaudamos la decisión de la Corte, pero recordemos que con ella viene la mala noticia: terminarán decidiendo los legisladores de los partidos. Pedirles que quiten la publicidad gubernamental, será para ellos, por lo menos los que piensan que su partido puede ganar, darse un balazo en el pie. Será una buena manera de medir al famoso Frente, tan exigente para el fiscal y tan servil en el Presupuesto para el gobierno. El reto de la decisión de la Corte es en realidad a los partidos. Veremos si quieren salir del pantano o si seguirán chapoteando en el lodo.
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