En América Latina, la recuperación del empleo se ha basado en la informalidad, a lo que se atribuye entre el 50 y el 80 por ciento del repunte, lo que significa que uno de dos trabajadores está en condiciones de informalidad, indicó la OIT.
Si bien América Latina y el Caribe fue una de las regiones de mayor crecimiento en 2021 luego de ser una las más afectadas en 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la ralentización del repunte observada este año ha frenado la recuperación de los mercados laborales que, basados en la informalidad, habían avanzado a la par de la economía el año pasado, destaca un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En una nota técnica del Panorama Laboral para la región en 2022, la OIT precisó que la tasa de desocupación en América Latina y el Caribe se ubicó en 7.9 por ciento, regresando así al nivel previo a la pandemia, pero con perspectivas complicadas e inciertas que podrían implicar un aumento del desempleo, la informalidad y la pobreza.
El análisis explica que el bajo crecimiento, la elevada inflación y la crisis global agudizada por la guerra en Ucrania tienen un impacto no sólo en la tasa de empleo, sino en la calidad de los trabajos.
La OIT explicó que, independientemente de los promedios regionales, cada país tiene realidades diferentes, citando que 10 de 14 naciones examinadas no alcanzaron su nivel de empleo en 2019 durante el primer trimestre del año y que sólo tres de ellas recuperaron la tasa de participación económica previa a la pandemia.
La publicación destaca que la recuperación del empleo se ha basado en los trabajos informales, a los que se atribuye entre el 50 y el 80 por ciento de ese repunte, lo que significa que al menos uno de cada dos trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad.
Los datos desagregados muestran que la informalidad en el caso de los jóvenes llega a una media del 63 por ciento en 11 países, un número superior al 48 por ciento de los adultos.
Roxana Maurizio, especialista regional de la OIT en economía laboral, recordó que la informalidad es un problema estructural de la región y señaló que ese tipo de empleo es inestable, “en general con bajos ingresos y sin protección ni derechos laborales”.
Asimismo, aseguró que la actual situación económica y la inflación afectan el nivel de los ingresos reales, generando una pérdida de poder adquisitivo.
“Eso da origen al llamado ´fenómeno del trabajador pobre´, que quiere decir que al margen de tener un empleo, incluso si éste es formal, el trabajador puede vivir en situación de pobreza”, detalló, agregando que si bien no se trata de algo nuevo en la región, la incidencia del fenómeno puede incrementarse de forma sustantiva.
Maurizio refirió que esta situación demanda la implementación y fortalecimiento de políticas que fomenten la creación de puestos de trabajo formales; refuercen las instituciones laborales como el salario mínimo y la negociación colectiva; apoyen a las empresas, sobre todo a las pequeñas; y garanticen el acceso universal a la protección social y sostenimiento de ingresos a los trabajadores vulnerables.
“El contexto inflacionario demanda el reforzamiento de las instituciones laborales, especialmente el salario mínimo y la negociación colectiva. El diálogo social adquiere un rol clave para permitir transitar este sendero atendiendo las necesidades y posibilidades de trabajadores y empleadores. Ello resulta aún más relevante en un contexto cambiante en la organización del trabajo y donde se requiere avanzar en el cierre de brechas laborales persistentes que permitan potenciar los efectos positivos de la transición digital y la transición justa”, apuntó Maurizio.
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