La igualdad entre las personas se basa directamente en el ejercicio de las garantías inalienables, por lo que el Estado debe asegurar un entorno adecuado para el desarrollo de las personas y el ejercicio de estas prerrogativas.
La desigualdad es uno de los principales problemas que enfrentamos como sociedad y como país, pero si se retoma la ruta de los derechos humanos y con ella se busca que todos puedan tomar las decisiones vitales para su vida en un entorno adecuado, esto marcará la pauta para tener una sociedad más justa, incluyente y libre, indicó Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM.
“Más allá de ideologías, el tema de derechos humanos es lo que permitirá recobrar esa cicatrización como país, el restablecimiento del tejido social porque, más allá de las ideologías, si nos centramos en el respeto de los derechos humanos podremos avanzar”, agregó.
Detalló que la igualdad entre las personas se basa directamente en el ejercicio de las garantías inalienables, por lo que el Estado debe asegurar un entorno adecuado para el desarrollo de las personas y el ejercicio de estas prerrogativas.
Al ofrecer una conferencia magistral como parte del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales “Reflexiones del Mundo Contemporáneo desde las Ciencias Sociales Estudios y Aportaciones”, el expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que la envoltura de los binomios pobreza-discriminación o exclusión, violencia e inseguridad, corrupción e impunidad, es la debilidad del Estado de derecho. Si no se cumple la satisfacción de los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales algo nos está pasando, resaltó.
“Nos enorgullecimos de los derechos humanos desde 1917, pero cómo entender que tenemos cerca de 55 millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza, cómo entender que de esta cifra cerca de 10 millones viven pobreza extrema y que los mayores niveles de exclusión se dan en los territorios donde hay mayores asentamientos indígenas”, subrayó.
De ahí que combatir la pobreza implicará atacar las causas de desigualdad y discriminación, enfrentar la violencia y la inseguridad permitirá incidir y crear condiciones para que las personas puedan desarrollarse, no estén inmersas en circunstancias que afectan sus vidas e integridades o patrimonios y esto no se puede hacer sin establecer acciones preventivas para ello, enfatizó.
González Pérez advirtió que cuando se violentan las garantías fundamentales, hay cuatro características que deben ser motivo de respuesta: el conocimiento de la verdad (qué sucedió), el acceso a la justicia (responsables de esa violación), la reparación del daño y la garantía de no repetición.
“No basta que se resarza un determinado caso, sino cómo a partir de estos casos construimos y el Estado en sus tres niveles de gobierno establecen esas variables que permitan la no repetición de esas conductas”, señaló.
Asimismo, aseguró que la corrupción debe ser combatida, del pasado y del presente, pues el cumplimiento de la ley no debe estar inmerso en cuestiones ideológicas.
González Pérez consideró que combatirla implica luchar contra la impunidad y para ello se requiere de políticas integrales, lo que demanda órganos de procuración de justicia eficaces, fiscalías autónomas, además de que cuenten con la infraestructura y recursos para investigar y llevar a los responsables ante los jueces.
“Las decisiones deben ser integrales y cada poder público debe hacer lo que le toca, y que los contrapesos sean efectivos; es decir, que los contrapesos de los poderes públicos y que los organismos autónomos cumplan con el ejercicio autonómico de sus atribuciones”, manifestó.
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