Si escarbamos aquí y allá en los estados de la República, encontraremos que conductas de menosprecio o violación de la ley se repiten de manera impune, ante la impotencia de los afectados frente al poder del Estado.
Desde la expresión presidencial de que “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley” o aquella expresión de “al diablo las instituciones”, el país se encuentra en un creciente deterioro del Estado de Derecho que, por otra parte, el actual mandatario se comprometió a respetar.
Y así como desde la presidencia se menosprecia el valor de la ley, y podríamos decir sin causa justificada en su injusticia intrínseca, sus seguidores también, aunque no lo expresen verbalmente, transitan por el mismo camino. Tal actitud desciende desde los secretarios de Estado, los gobernadores, los funcionarios y los militantes de Morena. Podríamos decir, entonces, que el menosprecio de la ley es una cultura de ese partido político.
Durante el proceso de consulta sobre la ratificación del mandato del presidente quedó claro el propósito político que lo alentaba, era el beneficio al Primer Mandatario y de su partido, pues se constituía en una forma de hacer campaña política indirecta en vistas a los procesos electorales para gobernadores que le seguirían. Si esta fue la causa de los triunfos obtenidos en varios estados no puede afirmarse contundentemente, pero podemos sospecharlo, en tanto que el presidente estuvo emocionalmente en el proceso.
La ley prohíbe que durante ese tipo de procesos, la consulta y las elecciones, se pueda hacer propaganda con los programas o logros de la administración en turno. Sin embargo, secretarios de Estado y otros funcionarios participaron en la campaña a favor del voto para que el presidente siguiera en su cargo y usaron para ello los “logros” del presidente. De su participación podría decirlo que lo hicieron en tiempos no laborables, pero de lo segundo quedó clarísimo la violación a la Ley.
El Instituto Nacional Electoral llamó la atención al presidente, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López y Mario Delgado acerca de las infracciones en que estaban incurridos y los exhortó a suspender tal proceder. Todos mandaron al diablo a la institución con la cual, por otra parte, tienen pleito casado y quieren someterla y controlarla hacia el 2024. La consecuencia fue que se inició un procedimiento que llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha ratificado su culpabilidad y ha solicitado a los órganos correspondientes que definan la sanción respectiva.
Lo ocurrido en la consulta es solo un caso. Con el motivo de los corcholatazos presidenciales, se ha iniciado una campaña anticipada que ahora está poniendo en riesgo la viabilidad de quienes incurran en esas acciones, sean finalmente sancionados y aunque Morena pretenda lanzar al elegido de entre ellos como candidato, podría negársele el registro. Esto, por supuesto, generaría un nuevo conflicto entre Morena y el INE, si es que para entonces ha logrado mantener su autonomía como la designación de los nuevos consejeros que sustituyan a quienes concluyen el periodo para el cual fueron designados.
Estos casos no son únicos. Hemos visto cómo se han violado disposiciones legales en el tema de la construcción del Tren Maya y han derivado en amparos. También se vio cómo a pesar de existir aprobaciones para obras como el Nuevo Aeropuerto en Texcoco o la Cervecería en Mexicali, se ordena su suspensión. En el primer caso eso ha tenido un alto costo para el país, pues se tuvo que indemnizar a quienes resultaron afectados. Del mismo modo ocurre con la participación del Ejército en actividades que no le son propias.
Si escarbamos aquí y allá en los estados de la República, encontraremos que estas conductas de menosprecio o violación de la ley se repiten de manera impune, ante la impotencia de los afectados frente al poder del Estado.
Lamentablemente estas situaciones pasan desapercibidas en muchos casos y la sociedad no se percata del peligro en que nos encontramos en este proceso de avance del autoritarismo. Se requiere denuncia y vigilancia de esta situación para que los ciudadanos se percaten y sopesen lo que significa, hoy por hoy, la actuación de la Primera Regresión en que nos encontramos.
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