Las tres principales causas por las que las empresas admitieron haber experimentado corrupción fueron para agilizar trámites (59 por ciento); evitar multas, sanciones y clausuras (39 por ciento), y obtener licencias y permisos (36 por ciento).
La corrupción experimentada por las empresas socias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se incrementó casi 10 puntos porcentuales del último cuatrimestre del año pasado, cuando se registró 29.4 por ciento a colocarse en 39 por ciento en el primer cuatrimestre de 2022, de acuerdo a los resultados de la encuesta #DataCoparmex.
Así lo dio a conocer el presidente del organismo empresarial, José Medina Mora Icaza, en conferencia de prensa conjunta con María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, durante la presentación de los resultados de las encuestas sobre la corrupción en el Sector Privado y del indicador #MxSinCorrupción de #DataCoparmex.
El análisis revela que 75 por ciento de los encuestados que afirmaron haber experimentado algún acto de corrupción indicó que no lo denunció ante ninguna autoridad, y del 19 por ciento que sí lo hicieron el 42 por ciento aseguró que su denuncia sí fue recibida pero no se siguió ningún procedimiento legal, mientras que el 26 por ciento dijo que está en trámite un proceso de sanción o una carpeta de investigación y el 16 por ciento desconoce el resultado de la misma. Por otra parte, el 11 por ciento informó que no se sancionó al responsable mientras sólo el cinco por ciento manifestó que la denuncia se resolvió y se sancionó al responsable.
En lo que se refiere a las razones por las que quienes experimentaron algún acto de corrupción no denunciaron el 31 por ciento señaló porque consideraba que no servía para nada, mientras que la segunda respuesta más común, dada por 23 por ciento de los empresarios encuestados fue el miedo a posibles represalias.
Entre las empresas que experimentaron corrupción, la causa principal declarada por la que incurrieron en este acto fue para agilizar trámites (69 por ciento); la segunda causa fue para evitar multas, sanciones y clausuras (39 por ciento), y la tercera, fue la obtención de licencias y permisos (36 por ciento).
Otros de los hallazgos de la encuesta que sobresale es que en el ámbito estatal es en el que más actos de corrupción se han presentado durante los cuatro primeros meses de este año con 55.9 por ciento, seguido del municipal con 54 por ciento y finalmente, el federal con 46.2 por ciento.
Asimismo, el análisis destaca que por tamaños de empresas, las grandes (que conforman las que tienen más de 250 colaboradores) fueron las que más experimentaron algún acto de corrupción en el último año con 46.2 por ciento, seguidas por la medianas (que enmarca a las que tienen de 51 a 250 colaboradores) con 45 por ciento, las pequeñas (que tienen entre 11 a 50 trabajadores) con 39.6 por ciento, y en último lugar las micro (de uno a 10 colaboradores) con 33 por ciento.
Frente común
José Medina Mora destacó que para que haya corrupción se necesita de dos partes, por lo que exhortó a las empresas a que no se presten a este tipo de actos, a pesar de ser presionados, pues de esta manera es como puede romperse con la cadena. Asimismo, indicó que la Coparmex promueve entre sus socios acciones que les ayuden con mejores prácticas, como la conformación de un código de ética o políticas de regalos, que inhiban prácticas de corrupción en el interior de las empresas, con otras empresas y con autoridades.
Enfatizó que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) comienza por cumplir la ley, en que las empresas paguen sus impuestos, den de alta a sus trabajadores como corresponde y les paguen las prestaciones que están obligadas. Además, de que las empresas grandes ayuden a las medianas, pequeñas y micros compartiendo mejores prácticas y generando una la cadena de valor entre todas.
José Medina Mora y María Amparo Casar hicieron un llamado a los ciudadanos a integrar un frente común contra la corrupción a través de tres acciones: no cometer actos de corrupción, no permitir que se desarrolle y denunciar cuando sabemos de un acto de esta índole. Sólo así se podrá avanzar hacia un México sin corrupción.
Por su parte, María Amparo Casar destacó que para que los ciudadanos en su vida cotidiana no sufran de las negativas consecuencias de la corrupción es necesario que las autoridades se abran al diálogo y escuchen las necesidades de la gente, además de que se necesita fortalecer a las instituciones de procuración de justicia y también que los ciudadanos aprendan a denunciar porque muchas veces este factor es el que impide que la corrupción se combata.
Asimismo, dijo que desde la ciudadanía hay una resignación e internalización de los costos de la corrupción al considerar que así opera el sistema, lo que alimenta a esta conducta y se deja de pensar en que las cosas pueden cambiar, lo cual afirmó es una cadena que debe de romperse.
Consideró que la corrupción en la que algunas autoridades incurren podría reducirse considerablemente si se avanza en la digitalización de los trámites, pues actualmente sólo el seis por ciento de los ciudadanos utilizan esta vía y el resto lo hace cara a cara lo que da una enorme oportunidad a que existan prácticas inadecuadas.
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