Una tercera parte de las fiscalías y poderes judiciales estatales consultados no entregaron la información solicitada.
En México, 99 de cada 100 carpetas de investigación contra elementos de seguridad pública, militares y marinos quedaron en la impunidad, de acuerdo con tres mil 862 solicitudes de información tramitadas vía la Ley de Transparencia en las fiscalías federales y estatales.
Una investigación impulsada por el Programa de Apoyo al Periodismo en México de la Unesco, en colaboración con ONEA México y Milenio, revela que de 33 mil 750 expedientes que se iniciaron por estos delitos entre 2015 y 2020, solo 373 se judicializaron y 172 concluyeron con una sentencia condenatoria, según la respuesta de los poderes judiciales locales consultados.
De las 278 averiguaciones por homicidio doloso en las que se imputan a agentes de seguridad públicas y de las Fuerzas Armadas, se determinó que 88 fueron judicializadas y en 66 se obtuvo una sentencia condenatoria.
Nuevo León es el estado con más casos, en donde 83 asesinatos fueron cometidos en esa entidad: 32 fueron atribuidos a la policía estatal, 30 a la municipal, ocho a la ministerial, 10 al Ejército y 10 a la Marina.
En segundo sitio se ubica la Ciudad de México como la entidad con mayor incidencia, al registrar 39 carpetas de investigación y 13 sentencias. Baja California le sigue con 28 averiguaciones.
De 2015 a 2020 un total de 526 desapariciones forzadas fueron atribuidas a policías y fuerzas federales. De estas, 50 carpetas se judicializaron y solo cuatro alcanzaron una sentencia condenatoria: 0.8 por ciento.
La organización Amnistía Internacional define la brutalidad policial como el uso ilegítimo de la fuerza que tiene como consecuencia violaciones a los derechos humanos de la población civil. Esta mala práctica trata de mantenerse oculta por los gobiernos y ha derivado en casos de privación de la vida y tratos crueles, de acuerdo con la organización.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus instituciones homólogas en los estados reportaron vía transparencia gubernamental que por estos delitos se tramitaron 54 mil 248 quejas ciudadanas contra policías, militares y marinos durante el mismo periodo.
De 2015 a 2020 se iniciaron 278 carpetas de investigación por homicidio doloso contra policías y fuerzas federales. Un promedio de 46 casos por año.
Además, de que se abrieron cinco mil 456 carpetas de investigación por tortura u otros tratos inhumanos o degradantes; 526 carpetas por desaparición forzadas; mil 686 por lesiones y 25 mil 804 por abuso de autoridad.
Las cifras obtenidas son apenas un acercamiento de lo que ocurre en territorio nacional sobre la brutalidad policial. Una tercera parte de las fiscalías y poderes judiciales estatales consultados no entregaron la información solicitada. Entre los argumentos para no hacerlo fueron no contar con la información desagregada, se declararon incompetentes para responder, la catalogaron como confidencial o decidieron reservarla.
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