No es aventurado afirmar que nuestro “Estado de Derecho” es un frágil cascaron, que fácilmente se rompe y muchas veces se muestra vacío por dentro.
Uno de los problemas fundamentales de México es el Estado de Derecho, con todo lo que significa. Tenemos, sin duda, un orden jurídico integrado por la Constitución General de la República y las constituciones de los estados; leyes reglamentarias federales y locales; decretos, reglamentos, etc. Todo en papel. Incluso muchos hablan de que nuestro régimen legal se ha anticipado a otros y resulta ejemplar para otros países. Sí, está la estructura, pero si nos detenemos a observar y analizar los hechos, pronto se descubre que está vacía.
Particularmente hemos observado en los últimos tiempos, cómo desde la Presidencia de la República y los secretarios de Estado, buscan de manera sistemática hacer a un lado la ley para ajustarla a sus propios caprichos. El famoso decretazo del presidente para que las dependencias otorgaran permisos para sus obras emblemáticas fue un intento claro de burlarse de la ley. La forma en que se han ejecutado o están en ejecución algunas obras, indican claramente que se improvisa. En el caso de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, resulta claro que la protección de la ecología se ha olvidado, por no decir menospreciado. La forma cómo se ha actuado en torno a la consulta de revocación de mandato muestra el menosprecio que se tiene por la legislación en la materia, arrinconando al Instituto Nacional Electoral, para luego querer –como ya está anunciado- pasarle la factura.
En el caso de la consulta el legislativo, atendiendo a la presión y urgencia presidencial de contar con el aplauso masivo e instar a sus seguidores para que voten por su permanencia cuya ratificación es innecesaria, también emitieron un decretazo “interpretativo” contrario a la Constitución y a la Ley, con tal de quedar bien con su patrón de Palacio Nacional.
En el caso del legislativo nos encontramos, también, con una falta de consistencia y seriedad para elaborar las leyes. Nunca como ahora se había presentado el número de controversias de constitucionalidad por leyes que si bien fueron aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados, no por ello cumplían con los principios constitucionales y con alegría pasan sobre ellos.
Tenemos también el caso del Fiscal General de la República, que ha abusado de su puesto en beneficio propio, en el caso del encarcelamiento de la pareja de su hermano y de su hija, contando con el apoyo –por no decir complicidad- del ministerio público y la autoridad judicial de la Ciudad de México, y buscando, incuso, según denuncia de Julio Scherer Ibarra, de la Presidencia para presionar a la Suprema Corte a su favor. Una grabación ilegal –no desmentida por él- exhibió la forma como litigaba contra su cuñada. También está el caso de la intervención en la Universidad de las Américas, donde se vivió un nuevo capítulo de un pleito de antaño.
Otro tanto ocurre en el caso de la Reforma Eléctrica, donde públicamente se ha reconocido que se trata de cambiar las reglas del juego con las que distintos inversionistas aceptaron participar en la generación de energía limpia en el país, para favorecer a una CFE ineficiente y en problemas.
Pero no es el único caso. El sexenio se inició con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que contaba con todos los permisos legales, que fueron olímpicamente ignorados e, incluso, en contra del ofrecimiento de que la obra siguiera, aunque sin participación estatal. Otro tanto ocurrió con la fábrica de cerveza de Baja California a punto de iniciar la producción.
En el caso penal es de todos conocido que existe una impunidad casi total en todo el país, ante la falta de decisión –“abrazos y no balazos”- o de capacidad para combatir la oleada de violencia que se vive en todo el país. Se habla de combatir la corrupción y no existen casos donde la ley se haya aplicado, a pesar del ruido que se hace, pero sin resultados concretos. El tema de la fabricación de culpables o el encarcelamiento de sospechosos sin fundamento, violando la presunción de inocencia es cotidiano. ¿Cuántos inocentes hay en las cárceles del país? ¿Dónde está la justicia pronta y expedita?
Son unos cuantos casos, pero son ejemplos de lo que ocurre en el país. Lo mismo ocurre a nivel estatal, federal y municipal. Las leyes se aplican o dejan de aplicarse, a capricho. No es aventurado afirmar que nuestro “Estado de Derecho” es un frágil cascaron, que fácilmente se rompe y muchas veces se muestra vacío por dentro.
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