Que un periodista vea su trabajo amenazado limita el derecho a la información de la ciudadanía y la libertad de expresión.
Garantizar a periodistas el ejercicio libre de su labor y el goce pleno de sus derechos es indispensable para fortalecer la democracia, sostuvo Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al participar en la IV Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Estado abierto en México para cumplir las metas al año 2030.
“Hoy, 2022, es tan necesario fortalecer el espacio cívico y que la gente tenga la libertad de expresarse; que los periodistas puedan expresarse de una manera libre y no celebrar que hoy se utilizan más los mecanismos de protección, al contrario, deben ser los menos, para que los periodistas puedan ejercer libremente su profesión”, apuntó.
Alcalá Méndez planteó la necesidad de avanzar hacia un Estado abierto, en el que las instituciones de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde el ámbito de sus respectivas competencias, realicen esfuerzos de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de los periodistas, y aseguren la generación de información de calidad, que les permita contar con datos y evidencia para realizar su labor.
“La información pública abre el debate sobre los asuntos públicos y permite la creación de un verdadero pluralismo social, sin el cual no pudiera funcionar una democracia como es deseable. Para que esta ecuación funcione, es necesario que los órganos garantes, tanto el Inai como los de las 32 entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, funcionemos de manera imparcial, eficaz y eficiente en la toma de nuestras decisiones”, subrayó.
Por otro lado, la politóloga Laura Angélica Rojas Hernández sostuvo que la libertad de expresión, más allá de ser un derecho humano, es un pilar fundamental de cualquier régimen democrático, por lo que el asesinato de periodistas causa un serio perjuicio al propio Estado y a la sociedad en su conjunto.
“El problema en México me parece que no es de legislación, sino que es de implementación; tenemos un marco regulatorio suficiente e instituciones que teóricamente deben de cumplirlo y garantizar la libertad de expresión; sin embargo, tenemos un grave problema, desde hace muchos años, de cumplimiento de la ley”, indicó.
En su intervención, la Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Ciudad de México, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, señaló que corresponde al Estado garantizar la protección de los profesionales de la comunicación para que puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión, ya que, por su función de informar, “son piedra angular de toda democracia”, y subrayó que “es particularmente importante la protección de la seguridad de las y los profesionales de la comunicación para ejercer su derecho a la libertad de expresión, como parte de su trabajo”.
En su oportunidad, el politólogo Genaro Lozano aseveró que si bien hay avances importantes para la democracia y la libertad de expresión, también se enfrentan grandes retos como el contexto de violencia actual que ubica a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
“Esta semana asesinaron al octavo periodista en lo que va del 2022 en el país; Artículo 19 ha documentado me parece ya que 152 asesinatos de periodistas, desde el año 2000, es decir, no es un problema nuevo, pero se ha ido agravando. El que un periodista vea su trabajo amenazado limita el derecho a la información de la ciudadanía y la libertad de expresión”, advirtió.
En tanto, la periodista Nayeli Roldán Sánchez consideró alarmante para el ejercicio de la libertad de expresión que en los primeros tres meses del año sean ya ocho periodistas asesinados y permanezca la impunidad, tanto en este sexenio como en los anteriores.
“Independientemente de quién esté en la silla presidencial, lo que permanece es la impunidad y, como en muchos otros delitos, la impunidad resulta la puerta de entrada para que ese delito continúe ocurriendo. Hoy hay un elemento adicional que aumenta gravedad al tema: la descalificación o señalamiento desde el principal espacio de poder que ocupa el Presidente de la República”, enfatizó.
Por su parte, la oficial del Programa de Leyes y Políticas de Artículo 19, Paulina Gutiérrez, destacó la necesidad de la coordinación de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para el diseño de políticas públicas y planes de acción para atender el clima de violencia que enfrentan los periodistas.
“Nos queda claro que existen ejercicios en los cuales intentan ciertos niveles de coordinación, pero tenemos claros ejemplos de asesinatos de periodistas, en los que la descoordinación ha puesto más en riesgo a las personas o ha permitido que la impunidad persista”, resaltó.
A su vez, la Coordinadora de Promoción y Transparencia de Artículo 19, Mayra López Pineda, alertó que existe un retroceso importante en la investigación de casos de periodistas asesinados, no solo por parte de la Fiscalía General de la República, sino también en las Fiscalías locales, que manda un mensaje de impunidad.
“La falta de justicia o de sentencias en los casos de asesinatos o agresiones contra periodistas manda un mensaje muy potente de impunidad y permisividad: puedes en este país agredir o asesinar a un periodista y no va a pasar absolutamente nada”, enfatizó.
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