Los mexicanos estamos obligados a alzar la voz y exigir un freno a los abusos de la mal llamada Cuarta Transformación.
Los abusos de poder, esos que tanto se señalaron desde hace años y sobre los cuales se prometió acabar, están más vigentes que nunca. Hoy en día, no sólo se permiten, sino que se protegen desde Palacio Nacional.
Alejandra Cuevas Morán es una de las tantas personas que sufren persecución y represión por parte de un funcionario que usa el poder y la institución que encabeza para sus venganzas personales. Fue arrestada el 16 de octubre de 2020, por órdenes del Fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, quien denunció por el supuesto homicidio de su hermano Francisco Gertz Manero, fallecido en septiembre de 2015, a Laura Morán -compañera de Francisco por más de 50 años- y a sus hijas Alejandra y Laura.
Tras cinco años de juicio y después de analizar las evidencias, la Fiscalía de la Ciudad de México archivó en dos ocasiones la denuncia y dictaminó no ejercer acción penal en su contra, puesto que no había elementos para responsabilizar a Alejandra Cuevas de la muerte de Federico.
Todo parecía resuelto, a pesar de los intentos de Gertz Manero por impedirlo, hasta que fue nombrado Fiscal General de la República, pues con la confianza que le daba su cargo, reavivó su venganza y envió el expediente respectivo a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales capitalina. En 2020 se reactivó el caso, que resultó en el encarcelamiento de Alejandra. Son ya más de 500 días los que lleva presa en Santa Martha Acatitla, a pesar de que sus tres hijos han evidenciado violaciones legales al debido proceso y agotado todos los medios, recursos e instancias posibles para exigir justicia, demostrar la incongruencia e improcedencia de las acusaciones en su contra y apelar a un proceso no manipulado desde la Fiscalía General.
Gracias a su infatigable lucha para liberar a su madre hemos conocido los atropellos que aún se hacen desde el poder público, que utiliza todos los recursos del Estado para aplicar una justicia selectiva. Ante la sospecha de la posible liberación de Alejandra y con el firme propósito de alargar el proceso, el Fiscal pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso y su presidente lo avaló so pretexto de “evitar” daño en la FGR.
Hace unos días salieron a la luz unos audios que reflejan el colapso del “debido proceso”, con un Fiscal General que presiona, obtiene anticipo de sentencia -en un caso personal- para sus observaciones y deja entrever que por lo menos cuatro ministros estarían de su lado para evitar la liberación de Alejandra.
Escandalosa revelación que, con una mínima idea de lo que es la moral, ameritaría la renuncia inmediata del que presiona y de los que pregonan la autonomía de su responsabilidad frente al poder, mismos que no han podido acreditar independencia, ni imparcialidad, ni pulcritud a la hora de integrar las carpetas de investigación en asuntos marcados por intereses políticos. La Suprema Corte tiene en sus manos demostrar una efectiva impartición de justicia: ordenar la libertad de Alejandra.
Adicionalmente a la historia de Alejandra, que no sólo tiene que ver con la aparente petición de
“justicia” por el supuesto homicidio de su hermano por “omisión de cuidados”, sino con los intereses de carácter económicos que hay de por medio, se asoma, en el mismo tenor, la persecución que emprendió contra la familia fundadora y autoridades formales de la Universidad de las Américas en Puebla, mediante su brazo derecho dentro de la FGR, Juan Ramos López, por el nombre comercial, logotipo y lema, que eran propiedad de la familia Jenkins. La UIF inició una investigación por fraude y en reciente reporte resultó que el Fiscal utilizó las cuentas de la UDLA para realizar millonarias transferencias a su nombre y al de sus familiares, en México y en el extranjero.
Es lamentable la actuación del Alejandro Gertz Manero, quien ha dado muestra de cómo sus intereses, filias, fobias y venganzas personales se priorizan sobre la decencia que merece el ejercicio propio de su encargo.
Con casos como los mencionados -y de otros que ni siquiera imaginamos- es imposible ocultar la persistencia del entramado de relaciones de poder tan denunciado pero poco combatido en esta administración, que ha perjudicado a miles de personas que no cuentan con los instrumentos del Estado para defenderse y por ello están en la cárcel.
Una vez más y no obstante los actos ejecutados desde la Fiscalía, el inquilino de Palacio insiste en justificar, apoyar y cobijar a los suyos bajo el manto de impunidad. Insensible hacia las víctimas pero comprensivo ante el “sufrimiento” de su colaborador, entiende “la situación personal, humana del fiscal, porque es un caso vinculado a su hermano, entonces él quiere que se haga justicia”. Con estas expresiones, ¡cómo no van a ejercer y perpetuar la violencia los funcionarios públicos!. En este gobierno, los “privilegiados” se valen del cargo y el encargo para llevar a cabo venganzas personales en nombre de la justicia. Ese pasado tan señalado está más vivo que nunca.
¿Quién nos puede explicar cómo es que el Estado mexicano puede defender, solapar y encubrir actos de personajes como Salgado Macedonio o Delfina Gómez o Pedro Salmerón? ¿Actos como los que ejerce Gertz Manero desde su posición de poder? En el país hay miles de Alejandras buscando, esperando, suplicando por justicia, esa que esta administración le ha dado el carácter de selectiva. Los mexicanos estamos obligados a alzar la voz y exigir un freno a los abusos de la mal llamada Cuarta Transformación.
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