Pocos poderes judiciales cuentan con un plan de desarrollo tecnológico que les permita planear a largo plazo aquellas intervenciones tecnológicas prioritarias.
La pandemia llevó al cierre de juzgados que estancaron el trabajo de los poderes judiciales, quienes se vieron obligados a buscar diversas maneras de realizar sus labores remotas. Solamente la mitad de los poderes judiciales cuenta con una plataforma para recibir demandas y/o promociones o una firma electrónica, y sólo dos poderes judiciales han implementado hasta ahora los juicios en líneas.
México Evalúa presentó el Diagnóstico de implementación de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales en México, el cual mide el grado de desarrollo tecnológico en los 32 poderes judiciales del país y encontró que, si bien, la mayoría de los poderes judiciales han implementado ciertas herramientas tecnológicas, una cosa es que existan estas y la otra es que estas se usen.
Mientras que en 2019, sólo 16 poderes judiciales contaban con un expediente electrónico, para junio de 2021 ya eran 25. Por otro lado, los poderes judiciales que cuentan con una plataforma para interponer demandas y promociones se duplicaron, al pasar de siete en 2019 a 16 en 2021. Asimismo, en 2019, nueve poderes judiciales contaban con firma electrónica avanzada y para 2021 ya eran 15.
En videoconferencia, Sandra Escamilla, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia, dijo que es poca la información disponible sobre las herramientas tecnológicas desarrolladas. En primer lugar, pocos poderes judiciales cuentan con un plan de desarrollo tecnológico que les permita planear a largo plazo aquellas intervenciones tecnológica prioritarias.
“Esta ausencia de información ocasiona que los departamentos de tecnología de los poderes judiciales tengan dificultad para solicitar un presupuesto adecuado cuando quiere desarrollar nuevas herramientas. Además, muy pocos poderes judiciales realizan suficiente difusión o capacitaciones dirigidas a las personas usuarias externas que les permitan comprender cómo funcionan las herramientas que se han implementado”, señaló Escamilla.
Por su parte, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, dijo que la buena noticia es que la pandemia incitó a muchos poderes judiciales a subirse al tren de la justicia digital, pero la mala es la creciente brecha entre los que trabajan a diario con esas herramientas y los poderes judiciales con un desarrollo incipiente.
“Por ello es necesario implementar una estrategia nacional, y en su caso local, que impulse el desarrollo tecnológico enfocado a mejorar la impartición de justicia y consideramos que el diagnóstico que presentamos hoy contiene la información indispensable para planear esta estrategia”, indicó por su parte Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa.
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