La diputada Ivonne Ortega promovió una iniciativa para elevar a rango constitucional el concepto de familia, ya que consideró que lo que ahora estipula la Carta Magna es insuficiente, ambiguo e incompleto para los tiempos actuales y venideros.
La diputada Ivonne Ortega Pacheco presentó una iniciativa que propone elevar a rango constitucional el concepto de familia, con el propósito de definir a esta estructura social básica, así como darle el reconocimiento jurídico y político pleno que establezcan sus derechos y obligaciones.
La legisladora precisó que “es menester adecuar la Constitución Política a la nueva realidad de un Estado moderno y democrático. Si bien es cierto que el actual párrafo segundo señala que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, es necesario apuntar que dicho mandato resulta insuficiente, ambiguo e incompleto para los tiempos actuales y venideros”.
Entre las intenciones de esta iniciativa se busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las familias y de las personas que las forman, para ello se plantea reformar el artículo cuarto constitucional relativo a la organización y desarrollo de la familia, en los párrafos primero, segundo y séptimo, y adicionar los párrafos tercero y cuarto, recorriéndose en su orden los subsecuentes con el objeto de “consignar que la familia en cualquiera de sus formas es el elemento natural y fundamental de la sociedad, se integra por quienes comparten lazos sanguíneos y/o afectivos, así como las corresponsabilidades al interior del hogar”.
Por ello, destacó la legisladora de Yucatán que es fundamental trabajar para lograr la institucionalización de la familia y de todas sus acepciones.
La propuesta que fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen señala que el objetivo es sentar las bases de la protección de la familia en cualquiera de sus modalidades, sin que haya una muestra preestablecida por el propio Estado.
Entre los puntos que considera esta propuesta, resalta el del derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas que corresponde a toda persona mayor de 18 años.
Cabe señalar que se agrega el vocablo hijas, incorporando a la norma fundamental un lenguaje incluyente y libre de sexismos.
Asimismo, precisa que todas las personas mayores de 18 años tienen derecho a elegir cónyuge y a contraer matrimonio libremente, con su pleno consentimiento, así como prohibir expresamente el matrimonio en personas menores a esa edad.
Por otra parte, establece que todas las familias tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado sin que medie discriminación alguna, por lo que la ley protegerá su conformación, organización y desarrollo.
En el párrafo séptimo, ahora noveno, se reconoce a toda persona el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, al ser este un derecho humano y universal que no debe estar condicionado a la conformación de una familia.
Refiere que la protección a la familia está presente tanto en el ámbito constitucional como institucional; sin embargo, menciona que no hay un concepto de esta, tampoco quedan explícitos sus derechos y obligaciones.
La diputada menciona que en la práctica dicha protección o, mejor dicho, los derechos de sus integrantes, se lleva a cabo a través de políticas y programas públicos, como el servicio de guardería, beneficios a jefas de familias, recursos a las personas de la tercera edad y, apoyos y beneficios de programas sociales, que se entregan a un integrante del núcleo y se entiende que son para la misma.
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