Adriana Greaves señaló que las fiscalizas carecen de un diseño institucional adecuado, así como de capacidades, recursos y capital humano suficientes para su operación.
Las Fiscalías Anticorrupción del país, órganos encargados de investigar los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, de 2019 a 2020 iniciaron 17 mil 982 carpetas de investigación y solamente han resuelto el uno por ciento de las investigaciones que realizan.
De acuerda con la investigación realizada en conjunto por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL analizaron las condiciones, recursos y resultados de las fiscalías anticorrupción en 29 estados del país.
En conferencia de prensa, Adriana Greaves, abogada de TOJIL, explicó que lo anterior se traduce que en promedio solo se obtuvieron tres sentencias condenatorias y 35 investigaciones judicializadas por cada 749 investigaciones, solo 35 de ellas (4.6 por ciento) avanzaron lo suficiente para llegar ante un juez y se abriera un proceso, y solo en tres casos (0.4 por ciento) se llegó hasta una sentencia condenatoria, lo que es considerado como resultados “insuficientes e insatisfactorios”.
En ese periodo se encontró que cuatro fiscalías no judicializaron ninguna investigación, 12 de 24 no obtuvieron sentencias condenatorias y sólo dos alcanzaron tasas de 10 y 13 por ciento de judicialización, las más altas a nivel general.
Adriana Greaves señaló que las fiscalías carecen de un diseño institucional adecuado, así como de capacidades, recursos y capital humano suficientes para su operación.
En 2020, detalló, el promedio nacional de presupuesto para las Fiscalías Anticorrupción fue de 25.4 millones de pesos. En contraste, la fiscalía que menos recursos obtuvo fue la de Tamaulipas, con 2.9 millones de pesos, mientras que el Estado de México tuvo mayores recursos: 165.6 millones de pesos.
Falta capital humano y capacitación en las fiscalías
De las 29 Fiscalías Anticorrupción evaluadas carecen de protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.
Otros datos de la investigación arrojan que 24 fiscalías reportaron no dar capacitación a sus peritos, 18 no dieron capacitación a sus policías y solo 16 dieron capacitación a sus ministerios públicos.
En 10 fiscalías el nombramiento del titular es realizado por el fiscal general, lo que limita la autonomía y genera incertidumbre en la estabilidad de su cargo.
El promedio nacional de personas es de 12 ministerios públicos, 7 policías de investigación (que suelen ser prestados de otras áreas) y 4 peritos por cada fiscalía.
Ambas organizaciones emitieron una serie de recomendaciones a las autoridades del país para que implementen una política de priorización de los casos en materia de corrupción, garantizar la autonomía operativa y financiera de las Fiscalías Anticorrupción mediante la independencia presupuestaría de la Fiscalía General, establecer una Unidad de Análisis e Inteligencia Especializada en hechos de corrupción.
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