Las sospechas de corrupción en el Ejército no son nuevas, pero son las más fáciles de encubrir bajo la etiqueta de “seguridad nacional”.
En la época más negra del estatismo mexicano en los años setenta y ochenta el gobierno de México era dueño y administrador de: Petróleos, Luz y Fuerza, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, todos los bancos; además, era dueño del Hotel Presidente, de Mexicana de Autobuses (MASA); hasta de Sosa Texcoco que extraía alga espirulina de las aguas del lago del mismo nombre, y la lista podría seguir todavía más. Revertir esos absurdos en lo económico, político y social llevó décadas.
El gobierno actual cada día nos regresa atrás en algunos de esos rubros como lo que ha venido ocurriendo con CFE y Pemex, pero se adelanta en un camino todavía más peligroso: el crecimiento desmedido del poder, la influencia y la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida de los mexicanos.
En el marco del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pronunció un discurso donde se invita a los mexicanos a unirse al movimiento encabezado por el presidente; usó el estrado para hacer proselitismo político.
Este discurso rompe de frente con uno de los pilares con los que se había sostenido el Estado mexicano y que era la imparcialidad de los militares en lo político. Este equilibrio no fue fácil de lograr, pues la Revolución Mexicana desembocó en que los militares ocuparan sucesivamente la presidencia hasta que Manuel Ávila Camacho pasa la banda presidencial al primer civil: Miguel Alemán.
En los primeros años de este siglo que se dio la transición política con gobiernos emanados de diferentes partidos políticos fueron una prueba de fuego, pero las Fuerzas Armadas se mostraron lo que deben ser: instituciones del Estado, no del gobierno en turno. La legislación vigente refuerza esa institucionalidad.
Pero, en política no hay casualidades, y no se puede obviar que el jueves anterior a las declaraciones Sandoval, Carlos Loret había destapado una serie de irregularidades muy graves con un fuerte olor a corrupción en torno a la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.
Este proyecto a todas luces es el símbolo del empoderamiento de las Fuerzas Armadas. Pero detrás hay mucho más pues en tres años se ha cedido a los militares tareas civiles como el manejo de los puertos, las aduanas, el Tren Maya, algunos aeropuertos del sureste, la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, recolección de sargazo en el Caribe, proveer de plantas a Sembrando Vida… casi podemos esperar que se les encargue nuevamente la explotación de la espirulina para recuperar el liderazgo mundial que Sosa de Texcoco tuvo a finales de los setenta.
Este empoderamiento de las Fuerzas Armadas ha sido la forma en que el titular del Ejecutivo ha logrado sacar adelante sus caprichos sin el engorro de encabezarlos directamente; con el plus ególatra de salvaguardar “su legado” de la privatización (precaución un inútil por su bajísimo nivel de rentabilidad). En cambio, “el legado” sí podría estarse convirtiendo en uno de los peores casos de corrupción (¡llegó con la bandera de combatirla!) hiriendo profundamente a una institución indispensable para cualquier Estado.
Las sospechas de corrupción en el Ejército no son nuevas, pero son las más fáciles de encubrir bajo la etiqueta de “seguridad nacional”. Y si ya era fácil desde antes, el lunes 22 se ha dado un paso más allá con el Acuerdo publicado que permite ipso facto usar esa etiqueta en casi cualquier cosa poniendo a esos proyectos por encima de la ley y dando al traste completo con la transparencia.
Es posible que ese Acuerdo eventualmente sea declarado inconstitucional, pero es un hecho que una vez que las Fuerzas Armadas ocupan espacios es muy difícil retirarlos de ellos y la prueba más evidente de ello es el combate al crimen organizado, específicamente, al narcotráfico. Los resultados desde sexenios pasados no habían sido especialmente buenos, pues no sólo se han dado casos de corrupción, coptación de militares por parte del crimen, y se ha pagado un alto costo en cuanto a la salvaguarda de los derechos humanos.
El empoderamiento a las Fuerzas Armadas también pasó por desmantelar la acción de civiles en el combate al crimen organizado y hoy no hay ninguna policía que tenga realmente margen de operación real. Básicamente, se ha concentrado el uso legítimo de la fuerza en los militares y la posibilidad usar ilegítimamente esa fuerza contra los ciudadanos para perpetuar el proyecto político del presidente es una tentación que hoy no parece tan lejana cuando el discurso de Sandoval ya se rompió la institucionalidad y se puede temer por el futuro de las libertades y la democracia.
Es indispensable que los ciudadanos comencemos a abogar por un cambio de rumbo no sólo combatiendo con todo el dictatorial Acuerdo, sino aprovechando dos oportunidades. La primera comienza hoy pues la Suprema Corte abrirá la discusión para poner límites a la militarización de la seguridad pública y la otra, alertando desde ahora a los miembros del Poder Legislativo para manifestarles nuestro rechazo a la intención presidencial de modificar la Constitución para formalizar la incorporación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y detener cualquier otra modificación a leyes que se presente que pudiera dar más poder a los militares, como la presentada el día de ayer al Senado. Es prioritario que los otros dos poderes pongan ya el freno a la militarización.
Si no logramos esto, el panorama se perfila cada día más oscuro, con unas Fuerzas Armadas corruptas, enquistadas en puntos neurálgicos de la administración pública, fracasadas en el combate al crimen organizado y entregadas a la voluntad de un solo hombre que es capaz de todo con tal de lograr sus propósitos.
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