Está prohibida en Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila. En la Ciudad de México hubo un proyecto en 2019, que se le conoció como Ley de Reproducción Asistida.
En 2018, a nivel global, se reportó que la industria de la maternidad subrogada obtuvo ganancias por seis mil millones de dólares y se proyecta que para 2025 incrementará a 27 mil 500 millones de dólares; es decir, un crecimiento anual de 24.5 por ciento, antes de la pandemia, aseguró Eleane Proo Méndez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
La académica explicó que mientras en Estados Unidos el costo promedio del procedimiento es de 150 mil dólares y a la gestante se le paga de 20 mil a 30 mil dólares, en México es de 90 mil dólares y se le dan de 9 mil a 10 mil. La especialista mencionó que en 2020, durante el encierro por la emergencia sanitaria, muchas mujeres de Ucrania y en México se vieron atraídas a realizarla para aliviar algún apuro económico.
Proo Méndez ofreció la charla “Gestación subrogada/vientres en alquiler: Contexto y debate feminista en México”, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, como parte del Seminario Desigualdades y Disputas de Géneros desde el Campo México.
La universitaria enfatizó en que “hay que poner el ojo en que no es parte de una técnica de reproducción asistida; proceso como inseminación artificial o fertilización in vitro, sí lo son y todos deberíamos tener acceso a ellos”.
Según el Comité de Bioética de España, la maternidad subrogada se considera cuando una mujer se presta a gestar; una vez nacido, el bebé es entregado a la persona o personas que lo encargaron. Existen al menos 11 modalidades; todas tienen en común la privación de la condición de madre a quien ha parido.
En México, legalmente inició el tema en 1997 cuando Tabasco autorizó la subrogación y en 2013 la hizo Sinaloa, especialmente para parejas casadas con imposibilidad médica. Está prohibida en Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila. En la Ciudad de México hubo un proyecto en 2019, que se le conoció como Ley de Reproducción Asistida, detalló la docente de la FCPyS.
Eleane Proo detalló que de 2002 a 2006, a nivel federal, se ha intentado legislar el tema 18 veces y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció a favor del tópico en 2015. El problema, añadió, es que las iniciativas presentadas en nuestros países para regular este proceso apoyan a quienes contratan los servicios, luego se receta a las empresas que intervienen, pero no se visualiza bien a las gestantes, de quienes sólo se considera que tienen derecho a un contrato.
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