De aprobarse la reforma eléctrica, se provocaría la cancelación de la transición energética en el país, la que convertiría a México en un obstáculo para la lucha global contra el cambio climático.
De concretarse los cambios a diversos artículos de la Constitución en materia eléctrica propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se destruiría el mercado eléctrico, se crearía un monopolio y se cancelarían todos los permisos y contratos vigentes en materia eléctrica, lo que afectaría gravemente a las inversiones y a todos los consumidores del país, además de que “México se volvería un obstáculo a la lucha global contra el cambio climático”, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
A través del estudio “Una reforma que lastima a México”, el organismo cúpula del sector privado explicó las consecuencias que generaría la eventual aprobación de dicha iniciativa, entregada a la Cámara de Diputados y que actualmente analizan los legisladores en las Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales.
El documento del CCE explica que de ser aprobada, la reforma eléctrica eliminaría el mercado porque se desaparecía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) e integraría sus funciones a la Secretaría de Energía, eliminando la posibilidad de un regulador imparcial con tarifas competitivas.
Asimismo, se suprimiría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que es el operador independiente del sector asumiendo sus funciones la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que tendría el control de la red eléctrica y el despacho de la energía.
Por otro lado, señaló que se crearía un monopolio debido a que los generadores privados de electricidad que hoy compiten para generar electricidad a menor costo, sólo podrían venderle la energía a CFE al precio y cantidad que esta decida comprar. Asimismo, los consumidores sólo podrían comprarle energía a la CFE y bajo las tarifas que imponga.
El documento indica que si los legisladores aprueban los cambios constitucionales, estos entrarían en vigor al día siguiente de la votación, por lo que prácticamente de forma inmediata todas las plantas de generación privada carecerían de permiso para producir electricidad.
Además, se cancelarían todos los contratos entre privados o entre privados y la CFE, incluyendo los de Generación Distribuida, sin causa justificada, llevando a la quiebra a proyectos que hicieron su estructuración financiera bajo las reglas vigentes. Esto destruye la posibilidad hasta de poner paneles solares en los hogares.
Implicaciones de su potencial aprobación
El documento elaborado por el CCE enumera cuatro repercusiones que impactarían negativamente al país de aprobarse la reforma propuesta por el Ejecutivo en materia eléctrica:
1) Incrementaría el costo de la electricidad.
2) Generaría un boquete en las finanzas públicas y la economía nacional.
3) Cancelaría la transición energética.
4) Violaría tratados internacionales que México firmó.
En cuanto al incremento del costo de la electricidad, el análisis indica que se privilegiaría el despacho de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que son 3.5 veces más caras que las del sector privado, además de ser contaminantes, esta situación impactaría en el aumento del costo total del sistema.
Asimismo, se generarían presiones inflacionarias en la economía del país toda vez que la industria de productos y servicios estaría obligada a contratar energía con la CFE con tarifas más altas. A este respecto, el estudio señala que el precio que la paraestatal ofrece de la electricidad no ha bajado en los últimos dos años, en contraste, el costo en el mercado ha disminuido 29 por ciento en promedio, lo que es resultado de que existe mayor competencia, así como por la baja del 39 por ciento en el gas natural durante parte del periodo.
Otro de los impactos negativos previstos si los legisladores dan luz verde a la iniciativa del Ejecutivo, es que se generaría un boquete en las finanzas públicas, debido a que el costo de la producción del sistema eléctrico nacional subiría en al menos 62 mil 100 millones de pesos anuales.
En una proyección de lo que implicaría de aquí a 10 años la suma del subsidio eléctrico y los sobrecostos, el CCE dijo que sumarían 1.4 billones de pesos.
Advirtió que con los cambios propuestos en materia eléctrica, crecería el porcentaje de la energía generada con la flota de la CFE a costa de la producción de las plantas limpias y eficientes.
Uno de los puntos que comenta el documento es que de 2016 a 2022 el promedio del presupuesto de inversión física de la CFE para obra pública, es decir, para activos nuevos, excluyendo pago del Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) y mantenimiento de activos existentes es menor a 700 millones de dólares anuales.
En comparación, la inversión extranjera directa de la iniciativa privada durante el mismo periodo ha sido 2.5 veces mayor, a lo que se debe sumar la inversión nacional.
Según el informe, “la CFE tendría que triplicar su presupuesto anual de inversión para obras públicas, elevándolo hasta unos 2 mil 500 millones de dólares anuales, para únicamente igualar lo que se venía invirtiendo en el sector”.
El tercer daño que ocasionaría los cambios constitucionales es que provocaría la cancelación de la transición energética, situación con la que “México se volvería un obstáculo a la lucha global contra el cambio climático”, ya que no cumpliría sus metas de energía limpia y sus emisiones podrían incrementar en casi 50 por ciento.
De aplicarse los cambios regulatorios, también se impediría la operación de plantas de energía limpia, solar y eólica a lo largo y ancho del territorio nacional. Cabe señalar que en México este tipo de plantas son casi 100 por ciento privadas.
En cuarto lugar, la investigación señaló que se violarían tratados internacionales a los que el país se ha comprometido como el T-MEC en el que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 32.11 “las autoridades mexicanas están obligadas a otorgar a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá en el sector un trato igual al previsto para los inversionistas bajo cualquier otro tratado firmado por México con derechos más amplios, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT)”.
La reforma en materia eléctrica tendría efectos confiscatorios sobre las inversiones operativas y comprometidas en los mercados de generación, suministro y comercialización, lo que pondría en riesgo 44 mil millones de dólares en capacidad instalada de generación privada.
De ocurrir las expropiaciones, los inversionistas se verían obligados a acudir directamente a arbitrajes internacionales.
Asimismo, de llegarse a incumplir con los acuerdos comerciales internacionales, como en el caso del T-MEC podrían ocasionarse represalias comerciales con un alto costo para el país.
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