En la práctica, ningún delito se esclarece, solamente se repara el daño al 0.30 por ciento de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones es calificada como ilegal en el país.
En el país el 94.8 por ciento de los casos denunciados ante la justicia quedan impunes, a nivel nacional, existen 11 fiscales, nueve peritos y 14 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, en promedio, de cuerdo con el estudio “Hallazgos 2020” de la organización México Evalúa.
Las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías y ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.
La octava edición del informe revela un incremento de la prisión preventiva oficiosa en 21 por ciento en el fuero común de 2019 a 2020, lo cual vulnera el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas. Donde se impone más prisión preventiva es en Sonora con 50 por ciento; Campeche, 34.6 y Querétaro con 33.3 por ciento.
En la práctica, ningún delito se esclarece, solamente se repara el daño al 0.30 por ciento de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones es calificada como ilegal en el país.
“La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad para las víctimas. La Fiscalía no debe tener la última palabra en el sistema penal. Para México Evalúa es importante mostrar las áreas de oportunidad y apuntalarlas para mejorar la calidad de justicia”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa durante la presentación del estudio.
Se detectó que se imponen penas mayores para las mujeres privadas de su libertad que para los hombres porque de las personas que reciben penas mayores a 21 años de presión, dos terceras partes son mujeres.
“Es muy importante discutir con profundidad problemas de desigualdad de género en el acceso a la justicia, la aplicación de la ley, los abusos que sufren las mujeres al interior de los centros penitenciarios y las medidas para la restitución de sus derechos. Con la incorporación de esos datos queremos visibilizar estas temáticas de forma transversal para atender los diferentes retos que hay en el Sistema de Justicia Penal diseñado a partir de estereotipos, roles y prejuicios sociales”, expresó Christel Rosales, investigadora del programa de Justicia de México Evalúa.
El estudio da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México, cinco años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al Sistema de Justicia Penal (SJP) en el país.
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