Al desaparecer y anular la Comisión Reguladora de Energía y la de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Energía, el gobierno le da todas las facultades a la compañía del Estado para decidir las tarifas.
El primero de octubre conocimos la Iniciativa del Ejecutivo Federal que busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana, es conocida como la Iniciativa de López Obrador para la industria eléctrica. Esta reforma implica un retroceso por criterios ideológicos que ya nos han hecho mucho daño en el pasado. Es una iniciativa ideologizada, aglutinadora de poder, expropiatoria y, por si fuera poco, que dañará directamente al ingreso de las familias mexicanas y el medio ambiente.
Carácter “ideológico” de la reforma:
Basta leer el primer párrafo de la Exposición de Motivos para darnos cuenta de que esta iniciativa obedece a criterios ideológicos y no económicos. Una vez más, se polariza y se destruye desde el poder. Es un insulto que esta exposición de motivos inicie con descalificaciones poco serias al Congreso de la Unión, pues señala que los congresistas que reformaron la Carta Magna (me refiero a la anterior reforma), como no pensaron igual que el actual presidente de la República, tuvieron como objetivo “el despojo”, “el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado”, “menoscabar los derechos históricos de la Nación”, así como desmantelar la industria eléctrica. Así se opina y se descalifica desde el Palacio Nacional. Y este resentimiento y odio permea toda la iniciativa.
Dese luego, a la reforma que pretende el actual gobierno no le interesa la competencia ni la solidaridad, además de que no es sustentable. Se trata de una verdadera tragedia.
Reforma aglutinadora de Poder:
Al parecer, Manuel Bartlett sabe perfectamente cómo acumular dinero. Sin embargo, no sabe manejar una empresa y, para allanarse el camino, ha pedido que le quiten lo que le estorba para dirigir la Comisión Federal de Electricidad. Así es que, como consecuencia de ello, desaparecen órganos reguladores, como es el caso de la Comisión Reguladora de Energía y la de Hidrocarburos (para que también Rocío Nahle esté tranquila) y al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se lo regalan para que decida todo como quiera. Al desaparecer y anular estos organismos, el gobierno le da todas las facultades a la compañía del Estado para decidir las tarifas, lo que implica graves consecuencias directas para todas las empresas y no sólo las de energía.
La iniciativa entera está plagada de justificaciones autoritarias, la página veintiuno es sólo un ejemplo. En esa página, se establece que el Estado -y luego se asustan con el término “comunismo”- “…llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva”. Más adelante dice que el sector privado podrá colaborar con la CFE, siempre y cuando se comporte de manera “honesta y de buena fe”, criterios por demás subjetivos que, además, serán calificados nada más y nada menos que por la propia compañía del Estado.
Reforma Expropiatoria:
Esta reforma es, además, “expropiatoria” al cancelar, en el artículo segundo transitorio, “los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado”. No puedo imaginarme la cara de los inversionistas al leer la redacción de este segundo transitorio. Mucho le va a costar a México recuperar la confianza en la inversión.
Contra el ingreso familiar y el medio ambiente:
Al cerrar la competencia, al limitar las libertades y las inversiones habrá más desempleo ocasionado por el propio gobierno que, en caso de necesitar dinero, subirá las tarifas eléctricas y muy pronto significará un mayor gasto para las familias. Conclusión: este gobierno nunca optó por los pobres.
Por si fuera poco, esta iniciativa es contraria al medio ambiente, pues elimina los Certificados de Energía Limpia que representaban también parte del esfuerzo de transición energética que se ha hecho a lo largo y ancho del país, desde quienes pusieron paneles solares en sus pequeños negocios hasta los que ya estaban implementando medidas de mitigación del carbono.
¿Cuántos votos necesitan?
Para que se pueda reformar la Constitución, se requieren las dos terceras partes de los votos en cada una de las cámaras, tanto la de diputados (333 votos) como la de los senadores (85 votos). El presidente (morena) y sus aliados necesitan al menos 56 votos más en la Cámara de Diputados y 7 votos en la de Senadores.
Si todos los partidos que dicen ser “oposición” son congruentes al mensaje electoral de los ciudadanos, entonces, la contrarreforma no pasará. Resistir es de valientes. Y, en este país y en este momento, ser “valiente” es una necesidad. No podemos no serlo.
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