Esta iniciativa reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas y dañará al medio ambiente.
La iniciativa de reforma de la Ley Eléctrica que el gobierno federal envío al Congreso de la Unión, de ser aprobada como fue enviada “representará un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo”, podría limitar la participación de la industria privada en el mercado eléctrico y afectaría al sector al reducir competitividad al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, dañará al medio ambiente y atentaría contra el Estado de derecho, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
A través del comunicado “Iniciativa de reforma constitucional en materia energética: México necesita competencia en el mercado eléctrico”, el IMCO indicó que esta reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador también desmantelaría la estructura regulatoria del mercado eléctrico actual.
“De aprobarse, los principales afectados serán los mexicanos, quienes pagarán el costo a las finanzas públicas, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o mediante impuestos que serán necesarios para financiar los mayores costos de generación”, resaltó el IMCO.
Asimismo, deberán asumir el costo ambiental de apostar por combustibles fósiles en un mundo donde la descarbonización se ha vuelto la norma y enfrentar las consecuencias de ser un país con menos oportunidades de crecimiento y desarrollo económico.
El espíritu y letra de la propuesta es revertir la apertura del sector eléctrico al garantizar el 54 por ciento de participación de mercado de generación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de la inversión privada.
Además de que pretende eliminar el andamiaje institucional que permite el funcionamiento del mercado al desaparecer a los órganos reguladores del sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de la Hidrocarburos (CNH); al integrar el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE.
En otras palabras, la CFE tendría la facultad de establecer tarifas y otorgar permisos, así como decidir qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento lo hacen.
El IMCO resaltó que la apuesta de México debe ser por incrementar la competitividad y la inversión. Esta iniciativa elevará los costos de la energía eléctrica y limita las libertades de los ciudadanos, daña el medio ambiente al apostar por los combustibles fósiles, y desincentiva las inversiones al cancelar los permisos de generación privados de forma retroactiva. Todo ellos en detrimento del Estado de derecho y de la competitiva del sector y del país.
“Los países que rechazan la transición energética pierden competitividad. Se requieren políticas públicas y regulación que se adapten a un ecosistema de descarbonización y la electrificación de la economía. El Estado no puede ser el único actor a cargo de la transición energética”.
Entre las modificaciones que se presentan, el instituto resaltó seis:
1. Modifica el criterio de despacho de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y cancela los permisos otorgados al sector privado.
2. Revierte la separación horizontal y vertical de la CFE.
3. Elimina los Certificados de Energía Limpia (CEL).
4. Desaparece la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
5. Incorpora el Cenace a la estructura de la CFE. La empresa se convierte en el operador del mercado eléctrico.
6. Establece la explotación del litio como una actividad exclusiva del Estado mexicano.
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