La intención de mantener el control es evidente por parte del presidente, pues logró que el primer fiscal, cuyo nombramiento es por diez años, fuera un incondicional: Alejandro Gertz Manero.
El acceso a la justicia es uno de los temas pendientes en este país desde hace décadas. Es un tema particularmente complejo por el entramado de instituciones como el Poder Judicial y las Fiscalías locales y federales, que se involucran en el tema. Además, se debe observar la variedad de motivaciones, muchas veces diametralmente opuestas a la obtención de justicia, que hay detrás de cada una de ellas.
Desde hace mucho tiempo, la sociedad civil vino impulsando la creación de un órgano autónomo para dejar atrás tanto a una Procuraduría dependiente del Ejecutivo y los ministerios públicos inoperantes. La legislación para lograrlo había quedado pendiente desde 2014 y la procuraduría federal misma había quedado acéfala en octubre de 2018.
Fue así que, en los primeros meses del actual sexenio, con el pretexto de avanzar rápidamente en su creación, el Poder Legislativo hizo sólo lo indispensable para crear el esqueleto de la Fiscalía General de la República para sustituir a la Procuraduría, pero sin hacer los cambios constitucionales que limitarían la intervención del Ejecutivo en el nombramiento y remoción del Fiscal.
A los pocos días, la intención de mantener el control fue evidente, cuando a las pocas semanas y en los siguientes meses sí se hicieron reformas constitucionales a tutiplén. Y así, el presidente logró que el primer fiscal, cuyo nombramiento es por diez años, fuera un incondicional: Alejandro Gertz Manero.
Por si no fuera suficiente, en sus primeros años de trabajo, Gertz Manero se ha destacado por perseguir a los involucrados en pendientes personales como ha sido la detención de la hija, de más sesenta años, de la pareja sentimental de su hermano fallecido por un pleito de dinero meramente familiar.
En un escenario paralelo, se han establecido acciones contra la Universidad de las Américas de Puebla y contra su hoy exrector, Luis Ernesto Derbez, haciendo personal un asunto mucho más complejo y que viene de años atrás, cuando la institución en Puebla se escindió de la institución original con sede en Ciudad de México y de la cual Gertz era rector.
Además de estos dos, el otro caso por el que la fiscalía ha tenido los reflectores muestra no el uso personal de la institución sino el político. Emilio Lozoya fue extraditado espectacularmente desde España para responder por los casos de corrupción en Pemex durante el sexenio de Peña Nieto. El avance se congeló el día en que apareció el video del hermano de López Obrador, Pío, recibiendo altas sumas de dinero en efectivo presumiblemente para financiar de manera ilegal a su hermano y sus aspiraciones presidenciales. En ese caso, con claros indicios ilegales, parecería que ni una hora se ha invertido en investigar a Pío o a Martín, el otro hermano que también recibió dinero.
El único movimiento reciente para avanzar fue involucrar por dimes y diretes al excandidato presidencial Anaya, pero el tufo de venganza política se percibe a kilómetros.
Es posible que la misma apatía se vea con el reciente escándalo que involucra a Delfina Gómez, hoy la titular de la Secretaría de Educación Pública, aunque el caso le toca a la fiscalía del Estado de México. El fin de semana se comprobó por parte de la Unidad Investigadora del INE el desvío de los recursos retenidos a trabajadores municipales que se ha detectado se usaron para financiar temas electorales, entre otros fines. Se ha dejado la mesa bien puesta para que las autoridades actúen en sus campos de competencia.
La presión social que a través de redes y medios de comunicación debe ejercerse para acorralar al presidente para probar que su lucha contra la corrupción no es un discurso vacío y repetitivo. Sin embargo, nada parece indicar que a Delfina se le vaya a tocar.
Por otra parte, el poder ciudadano también debe encaminarse a impulsar que el Poder Legislativo retome las reformas que permitan la verdadera independencia de la Fiscalía federal y de sus equivalentes en los estados. Pues el pleno Estado de derecho en el que todos esperamos vivir no puede darse mientras la justicia se use sólo con fines personales o políticos, y no ayude a ser un instrumento de mejor de la convivencia entre todos los mexicanos.
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