Cerca de 250 mil empresas tienen pendiente su registro ante el REPSE, por lo que en septiembre, al finalizar el periodo para cumplir con esta obligación, dejarán de prestar servicios y de seguirlo haciendo podrían ser sancionados al igual que sus clientes.
A una semana de que venza el plazo para las empresas privadas de entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, sólo el 44 por ciento ha obtenido la autorización del REPSE, mientras que al 56 por ciento restante se le ha negado o está pendiente para que se le otorgue, situación que pone en riesgo tanto a las compañías como a sus colaboradores, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza.
Advirtió que de acuerdo a la normatividad, “quienes no logren obtener el registro antes del 1 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal”.
El dirigente del sindicato patronal estimó que alrededor de 250 mil empresas son las que aún tienen pendiente su registro ante el REPSE, por lo que a partir de septiembre, cuando finaliza el periodo para cumplir con esta obligación, dejarán de prestar servicios a sus clientes y de seguirlos prestando podrían tanto clientes como prestadores ser sujetos de sanciones.
Frente a este riesgo, Medina Mora Icaza pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) comparta esta problemática con el Congreso a fin de que los legisladores se sensibilicen y otorguen una nueva extensión del plazo para las empresas particulares a fin de que puedan cumplir con las reformas en materia de subcontratación y se homologue al 1 de enero de 2022 como está establecido para el sector público.
Subrayó que la Coparmex advirtió con oportunidad que la ampliación que los legisladores concedieron al 1 de septiembre no era suficiente, ya que se requería de un plazo mayor, pues de acuerdo con estimaciones 90 mil empresas han tramitado su registro ante el REPSE y la mayoría espera respuesta positiva o negativa por parte de la STPS a escasos días de la fecha límite, lo que las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad, ya que podrían ser rechazadas y quedar sin la posibilidad de seguir operando.
Consideró que es de gran importancia que la STPS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) expidan los criterios de interpretación de la reforma sobre la aplicación del registro, para que las empresas tengan claridad y certeza jurídica de cuándo se requiere el registro de personas que prestan servicios o ejecutan obras especializadas y cuándo no es necesario dicho registro.
Durante la inauguración del Seminario Nacional de Formación 2021 que tiene lugar en Saltillo, Coahuila, José Medina Mora dijo que en estricto apego a lo señalado en la Constitución, no debe existir un trato diferenciado entre las empresas del sector público y el sector privado, por lo que homologar el plazo contribuirá a lograr una correcta aplicación de la ley y la implementación de la reforma, lo que evitará la pérdida de plazas laborales y la extinción de fuentes de empleo necesarias.
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