Es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero “el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado con instituciones civiles y no militares”, aseveró la Coparmex.
Ante el fracaso de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, que se confirma por el recrudecimiento de la violencia y la expansión de la influencia de grupos criminales en diversas regiones del país, es necesaria la “consolidación de la Guardia Nacional”, lo que implica que esta corporación no esté subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino que su mando sea civil, tal como lo había planteado de origen el Ejecutivo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un “claro” llamado a favor de la consolidación de la Guardia Nacional, a fin de que esta institución mantenga un crecimiento progresivo para alcanzar, en el año 2024, la integración de 200 mil elementos civiles con el nivel de profesionalización y entrenamiento que se requieren para salvaguardar la seguridad de los mexicanos, y con ello relevar a las Fuerzas Armadas de las tareas que han asumido provisionalmente en la materia.
El planteamiento del organismo empresarial se da en respuesta a la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente consideró necesaria una reforma constitucional para que el mando de la Guardia Nacional se integre a la Sedena, lo que significaría el desmantelamiento del andamiaje legal aprobado hace dos años para que la autoridad de esa corporación fuese civil.
La Coparmex, que dirige José Medina Mora Icaza, recordó que hace dos años la ley en la materia estableció que la conformación y el desarrollo de las capacidades de la Guardia Nacional requerirían un período de cinco años para su implementación. Un año más tarde fue publicado un decreto en el que se dispuso que las Fuerzas Armadas llevarían a cabo tareas de seguridad pública, pese a que ya se había considerado así en la reforma constitucional, pero expresamente para que intervinieran de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con una vigencia hasta marzo del 2024.
Ahora que la Guardia Nacional se encuentra en plena fase de consolidación y desarrollo, el gobierno da un viraje, advirtiendo que el entramado jurídico que impulsó meses atrás debe cambiarse a fin de que esta corporación se integre a la Sedena.
El sindicato empresarial observó que en la actual administración federal, las Fuerzas Armadas han asumido al menos 13 tareas adicionales a las de seguridad nacional, entre ellas: la construcción de infraestructura (Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía, Bancos del Bienestar); capacitación policial; apoyo y distribución de programas sociales; control de puertos y aduanas; combate al robo de hidrocarburos; control de la migración, así como la atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la distribución de vacunas.
“La participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de la administración pública, ajenas a su naturaleza esencial, debe ser subsidiaria y temporal; alargar la permanencia de los militares en las calles impide avanzar en la consolidación de instituciones civiles propias de una nación democrática y que respondan al fortalecimiento de la seguridad y justicia. Con ello, se ponen en riesgo la imagen, la aceptación ciudadana e incluso la integridad de la Marina y el Ejército”, consideró el organismo empresarial.
La Coparmex aseveró que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero “el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado con instituciones civiles y no militares”.
Por otra parte, el sindicato empresarial señaló que la mejor manera de atender la inseguridad y combatir a las organizaciones criminales es a través de labores de inteligencia, la desarticulación financiera, la cooperación internacional, la intervención coordinada de los distintos órdenes de gobierno y la articulación eficaz con el Poder Judicial que lleven a condenas para los responsables y se garantice que no haya impunidad.
Asimismo, es urgente restablecer y fortalecer los mecanismos institucionales construidos a lo largo de muchos años y luchas ciudadanas como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el cual no puede ni debe seguir relegado, fomentando con ello la centralización y la militarización del país.
También indicó que las instituciones civiles de la policía a nivel local deben robustecerse, pues son las policías y las fiscalías quienes están facultadas para interactuar con la población civil, prevenir los delitos y la violencia y llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales de los delitos del fuero común que más impactan a los ciudadanos.
Finalmente, la Coparmex comentó que es necesario promover la participación de la sociedad en las mesas de seguridad, ya que es indispensable dar voz a los ciudadanos y a las víctimas de la delincuencia para vincular eficazmente los esfuerzos de prevención, seguimiento de metas y generar estrategias sensibles a las necesidades de las comunidades.
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