En las pretendidas reformas al reglamento general de inspección de trabajo elaborado por la STPS, no se tomaron en cuenta las inquietudes del sector privado, reprochó la Coparmex.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recriminó la propuesta de reducir de 90 a cinco días el tiempo de respuesta de las empresas a inspecciones, lo que pondría en riesgo su viabilidad al generarles una sobrecarga adicional para atender las observaciones y así evitar multas y sanciones que, en el contexto de la crisis económica actual, pone en entredicho si realmente la aplicación de la regulación generará mayores beneficios que costos.
El organismo empresarial calificó de excesiva la pretendida modificación, pues de concretarse dicha reforma provocaría que esta obligación pasara de difícil a imposible de cumplir.
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) emitió un dictamen preliminar sobre el proyecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el cual está contenido en el anteproyecto de “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento general de inspección de trabajo y aplicación de sanciones”.
Asimismo, el sindicato empresarial que dirige José Medina Mora Icaza se quejó de que las principales inquietudes del sector privado expuestas en la consulta pública no se contemplaron a pesar de que fue uno de los que mayor participación ciudadana tuvo para esta disposición, en la que reveló que se recibieron 25 comentarios por parte de la sociedad civil y el sector empresarial, por lo que la STPS está obligada a responder sobre los posibles impactos de la regulación.
Por otra parte, en el periodo que comprende del 3 al 9 de julio de 2021, la Alerta Regulatoria, herramienta creada por la Coparmex, observó el ingreso de 18 nuevos proyectos regulatorios a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), de los cuales uno fue clasificado como regulación con costo económico y/o social, por lo que tendrá un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y una consulta pública.
Dicha propuesta, enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene como objetivo establecer los requisitos y obligaciones que deben de cumplir todas aquellas personas físicas que busquen acceder a la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue catalogada como “AIR de impacto moderado”.
A este respecto, el organismo empresarial consideró que esta clasificación es correcta, debido a que contiene disposiciones que deben de cumplir los interesados en certificarse en la materia. Asimismo, destacó que debido a la temática que se regula, se trata de una disposición que abarca de manera transversal a varios sectores económicos, entre los cuales se incluye a comercializadores de vehículos, metales preciosos y bienes inmuebles, corredores públicos y notarios, agentes financieros, constructores, entre otros.
Los 15 proyectos restantes fueron exenciones, pues las dependencias que los emitieron consideran que no tienen costo y pueden exentar el AIR por parte de la Conamer y la consulta pública. Al respecto, la Alerta Regulatoria de Coparmex no detectó clasificaciones incorrectas en ninguno de los proyectos ingresados.
Finalmente, la Coparmex informó que uno de los proyectos restantes fue clasificado como AIR de emergencia y se trata de la instrumentación de un dispositivo nacional de emergencia de sanidad vegetal. El último proyecto fue clasificado como reglas de operación referente al Fondo Patrimonial de Biodiversidad.
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